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Izquierda Independiente pone en valor la labor de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad (APADIS). Destacan que lleva "más de 40 años realizando una labor fundamental con las personas con discapacidad intelectual y sus familias prestándoles numerosos y diversos servicios residenciales, asistenciales, de apoyo, de preparación para la vida autónoma y el empleo, de deporte y tiempo libre, de información, de respiro y creando puestos de trabajo que hacen posible la inserción laboral de estas personas".

Izquierda Independiente recuerda que el gobierno de la alcaldesa Lucía Fernández "mantiene la demanda judicial ante el Juzgado de Alcobendas. Y lo hace pese a que hace un año se aprobó y firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad (APADIS)".

La formación local señala que el convenio "supone reconocer el incumplimiento histórico del Ayuntamiento de la obligación consignada en la escritura de constitución de los derechos de superficie del proyecto 'Surtidor de Oportunidades' También de los acuerdos unánimes adoptados en los plenos municipales".

Dicen que el convenio firmado "no soluciona el conflicto que el Ayuntamiento mantiene desde 2020 con esta asociación". De hecho, aseguran que "esto supone que las anualidades del canon correspondientes al periodo de 2015 a 2020, ambas incluidas, siguen siendo objeto de reclamación judicial a APADIS".

Por ello, Izquierda Independiente exige que se aplique un convenio de colaboración análogo al ya firmado pero que incluya estas otras anualidades. Con ello, buscan solucionar definitivamente el problema generado por el Ayuntamiento con APADIS, que actualmente está vigente.

Juan Torres, el portavoz de la formación, denuncia que “el Gobierno del Partido Popular no cumple las promesas que realizó a las familias de APADIS en campaña electoral y mantiene una demanda judicial injusta donde le pide cientos de miles de euros y que pone en peligro la viabilidad de esta asociación".

"Ni las familias ni nosotros entendimos la inquina del anterior gobierno y tampoco entendemos la actuación de la actual alcaldesa de no solucionar el problema en su totalidad. Es urgente firmar un nuevo convenio, que incluya los periodos objeto de la demanda judicial y que ponga fin a este conflicto judicial con el fin de respetar el espíritu que, desde los años 90, han expresado unánimemente los plenos municipales y la escritura pública de cesión de los terrenos", afirma Juan Torres.

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