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En los escritos pedían realizar comprobaciones sobre las licencias de la empresa, “con el fin de paralizar la actividad”, así como denunciar ante las autoridades a la empresa por la que desde el grupo califican actividad ilegal, de acuerdo al artículo 221 del Código Penal y en el artículo 10 de la ley del 14/2006 sobre las técnicas de reproducción humana asistida.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sanse han asegurado a Efe que ya han comenzado los trámites para solicitar “una visita de comprobación” a la supuesta sede de la empresa ubicada en el municipio, según creen en la calle Teide.

Con esta visita de la Policía y técnicos municipales se pretende comprobar las condiciones en la empresa, como si está dada de alta y si tiene licencia. Las competencias que tiene el Consistorio no permiten clausurar o cerrar la empresa, por lo que se espera que con esta revisión puedan tomar acciones que impida la actividad.

Según señalaba el artículo de El País, esta empresa opera en Ucrania y Georgia, aprovechando los vacíos legales en cuanto a leyes sobre gestación subrogada o vientres de alquiler, una forma de actuar común en esta clase de empresas. Vientres de Alquiler SL ofrecen viajar a cualquiera de estos dos países para recoger al bebé. Si bien se puede realizar en los dos países, puesto que no es una práctica ilegal, la nueva regulación ucraniana ha puesto trabas: no se les permite salir con el bebé sin el pasaporte que no pueden obtener en este país, ya que la práctica no es legal en nuestro país.