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El Ayuntamiento ha reactivado la tramitación del expediente disciplinario a los funcionarios que borraron del censo a miles de vecinos. Es decir, continuará con la vía administrativa para dilucidar las consecuencias de la acción que se llevó a cabo en el pasado mandato y los funcionarios seguirán suspendidos de sus funciones por las supuestas infracciones administrativas cometidas.

El Decreto del Ministerio Fiscal, que archiva la vía penal, viene a manifestar que el archivo se produce no porque no exista delito, sino porque no se ha podido demostrar. El texto es taxativo: “Sin perjuicio de que no apreciemos que las conductas descritas tengan tintes penales, ello no implica que no estén o puedan estar exentas de consecuencias personales o institucionales o patrimoniales por una mala praxis seguida en el consistorio, cuya respuesta puede tener cobijo dentro del derecho contencioso-administrativo”, asegura literalmente. En él también pueden leerse frases como que “la tramitación de los expedientes ha estado plagada de irregularidades” o que “…tuvo consecuencias indeseables en un número indeterminado de ciudadanos”.

En el periodo 2019/2023 se tramitaron 47 expedientes de baja por inscripción indebida en el padrón, que afectaron a más de 4.000 vecinos, un 5% de la población. Este Ayuntamiento recibió numerosas denuncias verbales y por escrito de vecinos afectados. Ello dio lugar a una inicial comprobación y posterior incoación de 2 expedientes disciplinarios a los 2 funcionarios responsables directos de su tramitación por la posible comisión de 3 faltas disciplinarias, todas ellas muy graves, con la consiguiente suspensión de funciones por el plazo que marca la Ley mientras se instruye el expediente disciplinario.

La suspensión de los funcionarios no es a consecuencia de la denuncia a la Fiscalía, sino por la incoación del expediente disciplinario y por las supuestas infracciones administrativas. Dicha denuncia a la Fiscalía por la posible comisión de dos delitos es posterior a la incoación del expediente disciplinario y nada tiene que ver con las 3 infracciones administrativas, presuntamente cometidas por los funcionarios y por las que se les abre el expediente. Su tramitación quedó paralizada tras la denuncia a la Fiscalía. Una vez que emitió informe hace unos días, el Ayuntamiento inmediatamente puso en marcha el proceso para reabrir el expediente y continuar con su tramitación.

Además de ello, se llevarán a cabo todas las acciones que sirvan para defender los derechos de los vecinos de San Sebastián de los Reyes y esclarecer estos hechos.

Por respeto a la acción de los responsables municipales en el desarrollo del expediente y su absoluta independencia, no se realizará ninguna declaración hasta que finalice el proceso.