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Serranillos del Valle ha entrado en la Historia de nuestro país y no precisamente por un buen motivo. Por segunda vez en España, una interventora municipal es condenada a prisión.

Para entender lo ocurrido debemos remontarnos hasta el año 2012. En concreto, en el mes de mayo, cuando la condenada (B.M) se encontraba ocupando el cargo de interventora titular en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle y de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste.

Cabe recordar el contexto de aquel momento, cuando el Ministerio de Hacienda puso en marcha un Plan de Pago a Proveedores.

Pasados los años, y con la entrada de un nuevo gobierno en el Ayuntamiento, la deuda acumulada, 18 millones de euros, activó las alarmas. Así, el nuevo equipo comenzó a revisar las facturas municipales.

En ese momento se dieron cuenta de que algo no iba bien al encontrar una factura del 2012 dentro del Plan de Pago mencionado. El hecho juzgado tiene relación con un trabajador que prestaba servicios informáticos en ambas entidades donde B.M intervenía.

Ambos han sido condenados por la Audiencia Provincial, entendiendo que "actuaron con la intención de generar creencia de que existía una obligación pendiente de pago" en el Ayuntamiento de Serranillos en favor el informático.

De esta forma se habría generado una factura falsa a las arcas municipales del municipio que ascendía, nada más y nada menos, que a 34.918, 32 euros; remitida al Ministerio de Hacienda como parte de los Pagos aceptados dentro del Plan de Proveedores.

Cuando el informático recibió la cantidad, la mitad habría sido abonada a la interventora que era, precisamente, la única titular capaz de remitir los documentos a la plataforma del Ministerio.

El informático declara que la idea fue de la interventora y que él tan solo se habría beneficiado de 5.000 euros. Una confesión realizada ante el secretario municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle que hizo lo posible para incluir las declaraciones en la demanda penal interpuesta en los tribunales.

No obstante, ambos han sido condenados, ya que se entiende por el juzgado que "todos los documentos aportados para conseguir el pago de una deuda inexistente son falsos desde el momento en que la deuda no se había generado por la prestación de servicio alguno".

En el caso de B.M, son 3 años y 1 día de cárcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos; 6 años de inhabilitación, además de la obligatoriedad de devolver el dinero al Ayuntamiento, con intereses.

La interventora presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia, (TJSM), desestimado. Si bien trató de esquivar la condena interponiendo un recurso de casación en el Tribunal Supremo, en el año 2023 se ha dictado sentencia firme.

El informático ha sido considerado como cooperador necesario y se le atribuyen delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil por parte de un funcionario, con una pena que asciende al año y siete meses de prisión, junto con 18 meses de inhabilitación. Una pena reducida por atenuantes de reparación del daño y confesión del hecho".

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