Con fecha de 8 de mayo, el BOE ha publicado la liquidación de la condena de inhabilitación para el empleo o cargo público de Beatriz Mata Amado, antigua interventora del Ayuntamiento de Serranillos que, además cumple ya la pena de tres años de prisión a la que fue condenada tras un largo proceso judicial que ha durado cerca de ocho años.
Con fecha 23 de enero de 2024 la sentencia fue confirmada en firme y un auto de 26 de marzo de este año acordó la pérdida de la condición de funcionaria de carrera de la mencionada en relación al cargo de Interventora Municipal, en los siguientes términos:
"Condenamos a Beatriz Mata Amado como autora responsable y directa de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos, todos ellos en concurso medial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal ,a la pera de tres años y un día de prisión, doce meses de multa a razón de 10 euros diarios con la responsabilidad personal subsidiaria en cado de impago prevista en el artículo 53 CP e inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de seis años, y pago de la cuarta parte de las costas".
Este caso se remonta al año 2017 cuando el equipo de Gobierno de Transparencia y Democracia liderado por Iván Fernández decide presentar una denuncia contra la que había sido la interventora municipal en años pasados. Se le acusaba de falsear unas facturas por un servicio de una empresa que en realidad nunca se realizó para repartirse 35.000 euros con el empresario que registró la falsa factura.
El partido Transparencia y Democracia llegó al poder en 2015 y se encontró con un ayuntamiento muy endeudado y con varios casos de corrupción. El es regidor Antonio Sánchez Fernández estaba siendo investigado en esas fechas por el Caso Púnica; y la ex regidora Olga Fernández acababa de ser condenada por un delito de malversación de caudales públicos.
En este contexto, el Gobierno Local auditó el trabajo que se realizó en el consistorio lo que incluía la revisión de los expedientes firmados por la ex Interventora. Entonces fue cuando se detectó una factura de 34.918 euros que se incluyó en el Plan de pago a proveedores de 2012 al que se acogió Serranillos con un importe de casi 3 millones de euros, deuda a la que se elevaba la deuda municipal.
Tras la investigación se descubrió que, efectivamente, el trabajo facturado nunca se realizó y el propio empresario así lo reconoció. El consistorio reclamó la devolución de la cantidad abonada más los intereses generados por lo que solicitaba el pago de 53.000 euros. Tras destaparse el asunto, en 2017 el Ayuntamiento interpuso una denuncia que tras pasar por varios juzgados y sendos recursos ha acabado con una sentencia firme que se está haciendo cumplir ahora, en 2024.