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Durante la celebración del Pleno de Torrejón de Ardoz, el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa la situación que atraviesan las familias de las viviendas sociales de la calle Carmen Laforet. En una visita a las instalaciones, los socialistas dicen que comprobaron “el deterioro, abandono y suciedad que denunciaban los vecinos”.

“La Comunidad de Madrid les entregó las llaves hace 14 años y se ha olvidado de los inquilinos que viven ahí”; así de tajante habla el portavoz socialista, Javier Castillo. “El garaje quemado con vehículos abandonados, puertas sin bombín, zonas comunes insalubres con orines y excrementos; mientras, el ayuntamiento mira a otro lado”, esas eran las palabras del portavoz socialista.

Es más, durante la celebración de este Pleno, los vecinos de la calle Carmen Laforet acudieron para transmitir su malestar, pero, al parecer, se encontraron con una disputa con el alcalde, aunque Alejandro Navarro, afirmaba que dejaba “las puertas de la alcaldía abiertas”. Para el portavoz del Partido Socialista, Javier Castillo, este es un asunto que “debería de preocupar al alcalde y a su equipo de Gobierno”. De hecho, afirma que tendrían que “llevar años poniendo soluciones a lo que allí está pasando”.

La oposición criticó el modus operandi del gobierno, durante el momento en que interpelaron los vecinos, ya que han llegado a denunciar “el cierre de los micrófonos en la retransmisión online del pleno”. En este clima de tensión, el alcalde reconocía “que se le caía la cara de vergüenza”, literalmente, ante esta situación. “Ojalá el resto de grupos hiciera lo mismo y no hiciéramos polémica sobre esto”, apuntaba.

A las palabras de Castillo no dudó en contestar el equipo de gobierno, quien además presentó una enmienda a la totalidad de la moción. Así, el concejal de Seguridad, José Alberto Cantalejo, respondió al PSOE afirmando que tenía un objetivo: “evitar manipulaciones, porque había vecinos afectados entre el público”.

Cantalejo ponía el foco, así, en lo que ha señalado como “el verdadero origen de esta situación” que son “las viviendas ocupadas por mafias que trafican con ellas”. Además, pone deberes al gobierno de España para modificar la legislación actual y proceder a desocuparlas. Finalmente, tras esas interrupciones y algún momento de tensión máxima entre alcalde y público asistente, la enmienda salió adelante con los votos a favor del PP y las abstenciones tanto del grupo mixto como del PSOE.

Ruth Grass, la portavoz de Más Madrid Torrejón, también ha tenido su momento dentro de esta situación y ha dejado claro que este “es un problema importante de insalubridad e inseguridad”. “Ellos tienen unas viviendas que son propiedad del IVIMA (Instituto de la vivienda de Madrid), que están casi todas en régimen de alquiler”, continúa Grass, a la vez que asegura que “los han abandonado totalmente”. Ante esto, desde la formación afirman que hay vecinos que están “allí legalmente pagando, cumpliendo con sus obligaciones y hay otros vecinos que han ocupado allí las viviendas”. De esta manera, Ruth Grass explica que desde el Ayuntamiento “pretenden decir que es un conflicto entre okupas y personas que viven allí legalmente, cuando la realidad es que hay problemas de todo tipo, sobre todo de inseguridad”.

Pero esto no termina aquí porque la Comunidad de Madrid también ha respondido a todo esto. El Gobierno regional asegura que es conocedor de la situación en la que se encuentra el edificio como consecuencia, dicen, del problema de seguridad ciudadana que padece. Creen que este problema solo se podrá revertir si se adoptan medidas excepcionales, “cuya competencia recae en el delegado del Gobierno”.

Informan, también, de que desde el inicio de la legislatura se han celebrado tres reuniones promovidas por la Dirección del Área Social, en las que han participado tanto la empresa del servicio de administrador único, como Policía Local y Policía Nacional.

Así, desde la Comunidad de Madrid apelan que la agencia de vivienda social realiza un seguimiento cercano de la promoción y que desde septiembre de 2023 ha resuelto más de 50 incidencias relacionadas con averías producidas por vandalismo.