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El notable incremento de las cuotas ha dejado a los inquilinos en una situación delicada con la que han empatizado los grupos políticos del consistorio torrejonero. En el último Pleno, PP, PSOE y Podemos aprobaron una declaración institucional en el que reprobaban la actitud de los fondos de inversión y solicitaban a las compañías facilidades para aquellos vecinos que quisieran ejercer su derecho a compra sobre el inmueble.

Pese a las limitaciones, la política municipal pide a las empresas que mantengan el precio máximo fijado por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid a quienes quieran adquirir la propiedad. Los afectados, sin embargo, denuncian que, en el caso de Lazora, el precio de venta se ha elevado hasta los 340.000 euros.

Las demandas de los afectados han servido para que el consistorio trate de mediar en el conflicto, aunque su margen de maniobra es escaso. Todo queda en manos de la buena voluntad de los ahora propietarios.