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Garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada como pilar básico en el ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede privar a su población y a sus municipios de una mejora en su vida por razones partidistas.

La falta de acceso a la vivienda es un déficit democrático, pero también es un lastre económico. Un modelo que desincentiva la inversión productiva y reduce la renta disponible, perjudica el consumo de la población con mayor propensión marginal al consumo y limita el potencial de la gente perjudicada por no acceder a la vivienda o por el alto coste que supone para su bolsillo. Las instituciones tienen la obligación de hacer uso de todos los instrumentos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, y para lograr que la vivienda deje de ser una de las principales preocupaciones de la población madrileña.

Por todo el mundo es sabido que el elevadísimo precio de la vivienda de compra y alquiler está expulsando a muchas personas que ha nacido y cuyos familiares siguen residiendo aquí, de su municipio y en los últimos tiempos, la escalada de precios va en aumento.

Las viviendas del Plan VIVE, son viviendas caras y no resuelven el problema por los precios y gastos que hay que asumir.

A los precios publicados en Tres Cantos, hay que añadir los gastos de Comunidad, IBI y suministros, por lo que una vivienda de un dormitorio tiene un coste de en torno a los 800 €. Teniendo en cuenta el público potencial, personas jóvenes y con vulnerabilidad social, las cuentas no salen.

Aún así, el Partido Popular se niega a declarar ninguna zona de Madrid como zona tensionada y en Tres Cantos, va a cambiar la calificación de zona B a zona A de viviendas de protección pública, lo que va a encarecer aún más el precio de la vivienda.

Nuestra propuesta es contar con un parque de vivienda pública en régimen de alquiler y cuyo coste no supere el 40% del SMI.