MENÚ

Antes de abril de 2025 debe estar implantada la nueva tasa de ámbito estatal que establece la Ley 7/2022 sobre la gestión de los residuos, que es de aplicación obligatoria en todos los ayuntamientos. Esta Ley es una transposición del Gobierno de España al Ordenamiento Jurídico Español de las Directivas Europeas sobre la gestión de los Residuos. Estas Directivas Europeas desarrollan los objetivos de sostenibilidad y luchas contra el cambio climático de la Agenda 2030.

En cumplimiento de esta Ley 7/2022, los ayuntamientos están obligados a aprobar una Ordenanza que imponga una Tasa con el coste total y real de la gestión de los residuos, que en el caso de Valdemoro asciende a 6,3 millones de euros. La Ley aprobada por el Gobierno central, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, según recoge en su artículo 11, aplica el principio de "quien contamina paga" y establece el marco para los costes relativos a la gestión de residuos.

En Valdemoro se aplicará la tasa en tres tramos dependiendo del valor catastral de los inmuebles residenciales. En el primer tramo, hasta los 100.000 euros de valor catastral, se abonará una tasa de 79,5 euros al semestre; para el segundo tramo, hasta los 200.000 euros, la tasa que se afrontará será de 87,5 euros al semestre, y finalmente para los del tercer tramo, aquellos que cuentan con un valor catastral superior a los 200.000 euros, la tasa establecida será de 92,5 euros al semestre.

En total, los inmuebles residenciales aportarán 5 millones de euros a sufragar este gasto de recogida y gestión, los otros 1,29 millones se recaudarán de los inmuebles de uso no residencial.

El Gobierno Local, según manifestó el alcalde, David Conde, en el transcurso de la sesión, "no está de acuerdo con la tasa, aunque la aplica por imposición legal". En su opinión, "esta Ley atenta contra el principio de autonomía local y no nos permite organizar nuestra política de ingresos como quisiéramos, porque lo que este Gobierno Local quiere es bajar los impuestos a los ciudadanos y esta Ley nos lo impide, aunque haremos lo posible para cumplir nuestro compromiso de bajarlos en el segundo tramo de la legislatura". También acusó al Gobierno de España de "dejar solos a los ayuntamientos y no habilitar medidas de apoyo que mitigaran el impacto en los ciudadanos".