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La situación derivada por la llegada del Covid-19 a España se ha traducido en numerosas defunciones, principalmente, entre personas de avanzada de edad. Los cementerios, servicios funerarios y crematorios han logrado marcar límites nunca antes imaginados.

Desde el Ayuntamiento de Valdemoro han decidido estudiar la posibilidad de revisar los contratos concernientes con los servicios funerarios en la localidad. Para ello, ya han solicitado informes a los habilitados nacionales del propio Consistorio gracias a una petición de los grupos municipales.

Acordaron ayer realizar una petición a la Alcaldía para que dicte una providencia que requiera de los habilitados nacionales del Consistorio que se encargan de la Secretaría General, Intervención y Tesorería sendos informes que clarifiquen la situación del expediente que regula la gestión externa de los Servicios Funerarios Municipales y, si procede, una revisión de oficio de la adjudicación a la empresa PRISAN-UTE de la gestión que afecta al cementerio municipal, tanatorio y a la construcción de nuevas plazas de enterramiento y del crematorio.

Esta petición ha contado con diferentes representantes de los grupos municipales, técnicos de diferentes áreas. En este momento, se informó sobre lo que el Consistorio ha trasladado al juzgado respecto a la ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a autorizar la construcción del crematorio en los términos en los que se adjudicó su explotación.

Este proyecto data del año 2013 cuando el Ayuntamiento adjudicó la construcción y explotación del servicio de cementerio, tanatorio y crematorio a la empresa PRISAN-UTE. El anuncio provocó las protestas de los vecinos que se oponían al crematorio por estar próximo a sus viviendas y a varias infraestructuras educativas y deportivas.

El Ayuntamiento desestimó la solicitud de aprobación del proyecto por silencio administrativo. La justicia falló a su favor y de nuevo el Consistorio presentó recurso de apelación que ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin posibilidad de recurso, lo que obliga a la Administración local a continuar con la tramitación hasta dictar la resolución relativa a la aprobación, si procede, del proyecto de ejecución.