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Este nuevo procedimiento se traduce en la no existencia de una intervención administrativa previa a la ejecución de las obras, sino que la actuación administrativa se deriva a un momento posterior. De tal modo, según relatan fuentes municipales, “podrán legitimarse por el procedimiento de actos comunicados las obras de escasa entidad técnica que no precisen de un proyecto técnico y que no conlleven un impacto urbanístico o ambiental”. Su materialización atiende a una apuesta en firme de tratar de adecuarse a las exigencias de la ciudadanía.

En las bases de la ordenanza se desarrollan los supuestos de las actuaciones sujetas al procedimiento de actos comunicados. Estos se aglutinan en torno a cinco categorías diferenciadas: de urbanización; de usos complementarios; en el interior de las edificaciones; auxiliares para la construcción; y, por último, obras de demolición de estructuras y edificaciones de escasa entidad que no necesiten de un proyecto técnico de obras.