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Efectivos de la plantilla de Policía Local de Villaviciosa se han concentrado en varias ocasiones a lo largo del presente año con el fin de reivindicar diferentes aspectos, susceptibles de mejora, que les conciernen como colectivo. La protesta más reciente, la relativa a “la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes que han denunciado una mala organización”. Las secciones sindicales de CSIF, UGT, CPPM, UPM y CSIT convocaban, así, a la plantilla policial durante una hora y media, frente a las dependencias de la sede de la Policía Local.

Falta de efectivos y de recursos

Nos lo cuenta Raúl Pastor, portavoz del cuerpo en el municipio, bajo la organización sindical CSIF: “Concretamente han sido dos los policías díscolos con la situación que se está viviendo, y que venimos denunciando por parte de los sindicatos desde hace mucho tiempo, con personas que alzan la voz para reivindicar asuntos relacionados con el servicio, el convenio, la falta de efectivos, la escasez de medios para acometer sus funciones y la mala gestión, con nulas previsiones políticas, sumado ahora a una gestión interna que hace que los trabajadores se vean perjudicados”.

Las conductas punibles

Denuncian, por otra parte, una situación de desigualdad, a través de la cual “se castiga a unos funcionarios y no a otros”. Uno de los motivos esgrimidos a la hora de expedientar a uno de estos empleados, explica, es “la utilización del correo corporativo, algo que se ha hecho en otras ocasiones, y en el otro caso, se le ha atribuido que no se había presentado al servicio, cuando en realidad tenía el día de formación concedido, se habían cumplido los servicios mínimos, y también en casos anteriores se ha permutado, incluso, como día de asunto propio y no ha pasado nada”.

Unas sanciones que “quedan, como un tachón, en el expediente de personas que tienen una trayectoria magnífica, con muchas felicitaciones de Jefatura y concejalías por sus intervenciones, aparte de la pérdida dinero que supone el estar suspendido de empleo y sueldo durante diez días”. Temas, explica Pastor, que están “en los tribunales, y consideramos que al final se conseguirá ganar, pero de entrada te cuesta el dinero y el prestigio que se va forjando a partir del trabajo y el éxito en su vocación, es doloroso”.

El problema en torno a uno de los afectados reside en encontrarse en la emisora, “cuando el convenio establece que tiene que haber un operativo de personal de teleoperador haciendo esas labores junto a él para evitar una carga excesiva de trabajo y para que pueda tener derecho a su pausa reglamentaria”. El otro compañero, por su parte, se ha quejado de las consecuencias de “la falta de efectivos en operativos de riesgo en la calle, como los botellones”. Ambos han solicitado que se cumplan los servicios mínimos.

Servicios mínimos

El portavoz asegura, sin embargo, que desde finales de agosto, y tras detectarse un incremento en la actividad de reyertas y uso de armas blancas, “el Ayuntamiento sí ha cumplido con los servicios mínimos con el personal disponible; somos 17 policías menos en cuadrante, y de momento, hasta que se convoquen nuevas plazas, sí se están cubriendo, lo cual es esencial para que la ciudadanía goce de seguridad”.

En esta línea, sostiene que este servicio mínimo “está debidamente contemplado en el anexo del acuerdo colectivo, publicado en el BOCAM, y no se puede engañar; si se dice que los habitantes de Villaviciosa tienen asignados un número determinado de coches patrulla, teniendo en cuenta la extensión y la disposición territorial del municipio, con urbanizaciones muy distantes entre sí, y planes urbanísticos que están haciendo crecer la localidad, hay que cumplirlo y otorgar a los ciudadanos de ese número mínimo de efectivos. No queremos crear alarma social, pero sí que el vecino tenga acceso y derecho a lo que le corresponde”.

Crece el municipio…¿aumentan los problemas?

Una expansión que se ha notado “en el incremento del número de llamadas y de actuaciones”. Asimismo, declara que “Villaviciosa se está aprovechando del plan de la Comunidad de Madrid recibiendo importantes subvenciones, dentro de las que hay objetivos fundamentales como incrementar la seguridad ciudadana, la labor preventiva. El Ayuntamiento difícilmente va a poder justificar el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid”.

En cuanto a los vehículos mencionados, Pastor añade que el parque resulta “nefasto, con coches vetustos, alquilados y habiendo sido utilizados por otros municipios, con el escudo retirado y vuelto a rotular encima para poder prestar servicio aquí; nos parece bastante lamentable a nivel de imagen corporativa y en lo que respecta a dar servicio a la ciudadanía, que paga impuestos y deben verlos reflejados”.

Otras protestas

Ya en el mes de junio diferentes sindicatos de Policía Local se manifestaron en la localidad, con una protesta de diversos funcionarios que manifestaron su descontento ante la política municipal en relación a la gestión de Recursos Humanos. Los trabajadores del Ayuntamiento denunciaron entonces una modificación de puestos de trabajo "para proceder a ser cubiertos 'a dedo'".

Por otro lado, se quejaron de la falta de entrega en plazo de la ropa laboral “-llevando acumulado un retraso de dos años-“, el impago de la Productividad del ejercicio 2020, la ausencia de un Programa de Productividad regulado de forma clara y objetiva, la incapacidad en ese momento para la realización de una RPT, la falta de impulso de Oferta de Empleo Público y de procesos de promoción interna, funcionarización y de consolidación de puestos de trabajo, varios días debidos y un incumplimiento de la Ley de Coordinación de Policías Locales y de acuerdos vigentes.

Posible incumplimiento de la Ley de Coordinación

La Ley de Coordinación de Policías locales “entró en vigor en abril de 2018 y a día de hoy aún no se ha aplicado; hay policías que siguen siendo C2, hay otros, no titulados, a los que el Tribunal Constitucional dio la razón y deberían ser reclasificados al C1 por igual, pero lo más grave es que a los titulados se les ha reducido la retribución al equipararse al resto. La ley sólo se ha aplicado a los que hemos ido a juicio y ganado sentencias firmes, un despropósito que no tiene justificación alguna”.

Pastor afirma que “se seguirá en la línea de exigir lo que por derecho corresponde si la situación se mantiene como hasta ahora, y continuaremos velando por los intereses de los policías, que hacen su labor de la mejor manera posible”. La solución, destaca, pasa por “un nuevo plan de previsión, o por adaptar los acuerdos actuales”.

Preguntado por este medio, el Consistorio ha rechazado realizar declaraciones al respecto.