Todavía queda mucho por negociar en torno a la financiación singular que han pactado el Partido Socialista de Cataluña, con el respaldo del Gobierno de España, y Esquerra Republicana. Sin embargo, el debate sobre la financiación de las diferentes autonomías ya está sobre la mesa. Ángel Alonso, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, viene a nuestros estudios para explicar las consecuencias económicas y sociales que conllevaría esta nueva maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez, y que implica a todas las regiones, especialmente a aquellas que, por el principio de solidaridad recogido en la Constitución Española, aportan a las cuentas del Estado, al fondo común.
Volviendo al pacto entre el PSC y ERC, Alonso ha remarcado la minoría en la que gobierna Sánchez, por lo que, en primera instancia, se le complica aprobar ese pacto. Además, el popular considera otras vías antes de llevarlo al Congreso de los Diputados, como tratarlo “en el seno de la Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Sin embargo, parece que el plan del presidente del Gobierno es “hurtar ese debate porque ahí están representados los presidentes de todas las comunidades autónomas”.
Para ello, Sánchez ha planteado esas famosas reuniones bilaterales con los diferentes presidentes autonómicos, una opción que la Comunidad de Madrid no contempla. “Estamos hablando de lo que es de todos, de los recursos que se generan en toda España y que están destinados a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Es algo que tendríamos que debatir entre todos”, asevera Alonso.
Por otro lado, la financiación singular planteada para Cataluña implicaría cambiar, entre otras cosas, la Ley de Financiación Autonómica y, prácticamente, la Constitución Española, concretamente el Artículo 2 y los artículos recogidos en el Título VIII de la Organización Territorial del Estado. “El acuerdo es claramente inconstitucional”, señala Alonso, explicando que el pacto supondría "romper con la solidaridad entre las tierras de España y con la igualdad entre los españoles, y eso está plenamente consagrado por la Constitución”.
Cabe destacar que son tres las comunidades que, siguiendo el principio de solidaridad, contribuyen a ese fondo común estatal "para que otras regiones con menos capacidad fiscal y mayores necesidades puedan garantizar los servicios públicos", explica Alonso, estas son Madrid, Cataluña y las Islas Baleares, siendo la primera la más solidaria. "Somos los que más aportamos, siendo, además, la única Comunidad de régimen común que no tiene impuestos propios", remarca el popular, algo de lo que se sienten orgullosos porque "siempre hemos defendido que no entendemos otra forma de ser madrileño que desde la solidaridad con el resto de comunidades autónomas".
No obstante, si eliminamos a Cataluña de la suma, si descontamos los 2.000 millones de euros que aporta al Estado, ¿qué consecuencias económicas y sociales traerá esta maniobra? "¿Quién va a sustituir esos fondos?" ¡Dale al Play y entérate de todo!