Los senadores populares Alfonso Serrano y Paloma Martín se han pronunciado contra la ocupación ilegal, cuando se inicia el trámite de una PNL en el Senado para regularla. Serrano ha afirmado que “la ocupación es un tema que nos preocupa en la Comunidad de Madrid y no vemos por parte de la Delegación del Gobierno ninguna medida para ayudar a las administraciones a revertir esta situación”
La senadora y vicesecretaria del PP de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín ha dejado claro que “la nueva Ley Feijóo tiene un claro objetivo: defender a los dueños legales de las viviendas ocupadas y proteger a todos los vecinos para favorecer una convivencia en un entorno que se está viendo deteriorada”
Serrano ha puesto sobre la mesa que la ocupación es un fenómeno que "preocupa en España" y aunque se trata de "un problema que el Gobierno de España y la izquierda tratan de minimizar, cualquiera de los mortales de este país conoce de primera mano". "No solo afecta al derecho de la propiedad privada, un derecho fundamental, sino que, además, está teniendo una incidencia muy importante en el acceso a la vivienda y el mercado de alquiler", ha declarado el senador popular.
Serrano ha explicado que "existen una serie de garantías para proteger a los inquilinos, que está bien, pero lo que estamos viendo es que existe falta de seguridad jurídica para los propietarios". En Madrid no somos ajenos a este problema, según los datos que maneja el PP, la Agencia de Vivienda Social tiene entorno a 2.000 viviendas catalogadas en situación de ocupación y el Ministerio del Interior habla de otras 1.700 viviendas.
El PP ha impulsado una serie de reformas para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y "garantizar los derechos de todos".
Cuando se es tolerante con la ocupación, la oferta disminuye, hay menos casas para alquilar y se incrementan los precios
Paloma Martín ha declarado que "la normativa actual estaba demostrándose ineficaz, y además la situación se ha visto agravada con la aprobación de la Ley de la Vivienda en el Congreso de los Diputados en junio de 2023".
Para la popular, "esa Ley ha provocado que haya disminuido la oferta de alquiler y que los propietarios privados y las familias que han dedicado los ahorros de toda una vida para comprar una vivienda y ponerla en alquiler para tener así un complemento en sus rentas, estén tomando decisiones de sacar del mercado sus casas para alquilar ante el miedo de la ocupación".
Así, con los datos que manejan los populares, ha disminuido la oferta de las viviendas para alquilar en un 30% y al mismo tiempo, se han incrementado los precios un 10%. "Y frente a esto, el Gobierno Nacional tenía la obligación de conocerlo porque ya había habido una experiencia previa en Cataluña que había de mostrado que, cuando se es tolerante con la ocupación, la oferta disminuye, hay menos casas para alquilar y se incrementan los precios", señala Martín.
La senadora popular afirma que "se debe actuar contra las mafias que promueven la ocupación contra aquellas personas que divulgan información y alientan a la ocupación y tenemos que proteger, no solo el derecho a la propiedad, sino a la convivencia pacífica en las comunidades de propietarios y en los barrios. Porque a quien más perjudica la ocupación es a las zonas donde hay rentas medias y bajas."
Las principales modificaciones que se introducen en esta Proposición de Ley es que en las primeras 24 horas se pueda producir el desalojo voluntario por parte de la persona que ha hecho la ocupación, y si no es capaz de acreditar que tiene un titulo adecuado y no se produce ese desalojo voluntario, 24 horas más tarde se pueda proceder al desalojo forzoso.
Otra de las medidas que incluye esta Ley tiene que ver con el empadronamiento, sobre el que el PP propone que las personas que ocupan de forma ilegal una vivienda, no tengan derecho a empadronarse, y si lo hacen, que ese empadronamiento sea considerado nulo.
Una de las peticiones más reclamadas que han atendido desde el PP es que a la vivienda ocupada no se le de la consideración de morada, "algo que estaban utilizando los ocupas para ampararse en una protección que no les corresponde". De la misma manera, se propone que se incrementen las penas por la ocupación y se incluye también las penas para aquellos que promueven la ocupación y para las mafias.
Otra medida que va destinada a proteger esa convivencia ciudadana en los barrios es dar la posibilidad a las comunidades de propietarios que lleven a cabo acciones de denuncia de actividades molestas o de alteración del orden público, y que puedan también adoptar medidas que vayan orientadas a proteger esas casas vacías, como puede ser, establecer vallas, ventanas o puertas.
Respecto al apoyo del resto de grupos parlamentarios, Martín declara que "ayer vimos durante la votación en el Senado que Vox votó a favor, y se abstuvieron Junts y el PNV. Ahora se inicia la tramitación en el Congreso y lo que no sabemos es de qué será capaz Junts, y en concreto Puigdemont, de pedir a Sánchez a cambio de su voto para sacar una iniciativa más. No tenemos ninguna duda de que Sánchez volverá a traspasar, si lo necesita, una línea roja con tal de contentar a Puigdemont".