El Ayuntamiento de Alcalá tendrá que pagar los 95.000 euros por los PIL

El TSJM condena la discriminación laboral de varias trabajadoras temporales en el Ayuntamiento de Alcalá.

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

El TSJM falla contra el recurso de Javier Rodríguez Palacios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a condenar la discriminación laboral de un grupo de doce trabajadoras temporales del Ayuntamiento de Alcalá. Según la sentencia, el consistorio complutense debería pagar 95.000 euros a las afectadas que habían sido contratadas a través del Programa de Inserción Laboral (PIL), en concepto de compensación por la diferencia salarial no percibida. 

 

Así lo explica Reivindícate Abogados en SoydeMadrid.com, donde aseguran que esta problemática viene de lejos. Ya en el año 2020 el TSJM condenó al Ayuntamiento por la misma causa. Se estaba pagando a estas trabajadoras nóminas inferiores a lo estipulado en la tabla salarial del consistorio "sin ninguna norma que lo avalara".

 

Ante este dictamen, el Equipo de Gobierno de Javier Rodríguez Palacios intentó escurrir la sentencia y decidió crear esa norma que permitiera justificar la bajada de sueldos de las empleadas. ¿Cómo? A través de una Mesa General de Negociación donde se elaboró el acuerdo que recogía los salarios "excluyentes" y que, posteriormente, se aprobó en Junta de Gobierno. 

 

El Equipo de Gobierno de Javier Rodríguez Palacios intentó recurrir la sentencia y decidió crear esa norma que permitiera justificar la bajada de sueldos de las empleadas

Ahora, el TSJM ha vuelto a fallar a favor de las trabajadoras, tirando por tierra el recurso del consistorio y obligándole a pagar los 95.000 euros a las empleadas afectadas, incluyendo en esta partida los intereses por daños, perjuicios y liquidación correspondientes a los seis meses de duración del contrato. 

 

Sin embargo, desde Reivindícate Abogados siguen en pie de guerra, ya que, al parecer, se están preparando otros 147 nuevos contratos bajo estas mismas premisas. Según el bufete, "actualmente hay casi 700 personas afectadas por estos contratos desde el año 2019", y aseguran que seguirán luchando por erradicar esta problemática de raíz y eliminar el acuerdo que permite continuar con esta "discriminación laboral hacia los y las trabajadoras del PIL".

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