La Asociación Profesional de la Magistratura, el colectivo mayoritario de jueces, ha elaborado un comunicado que remiten a la Unión Europea pidiéndoles apoyo para frenar la última reforma que ha propuesto el PSOE "de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". En el escrito, los magistrados manifiestan que, de ser aprobada, esta medida limitaría "gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción, favoreciendo su impunidad".
Así, según explican en el escrito, si la reforma de los socialistas consiguiera salir adelante afectaría a algunos procesos que están siendo investigados en la actualidad y que rodean al partido, hechos que "son de todos conocidos por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas", mantiene la asociación.
En este sentido, los magistrados aseguran que, además, la reforma propuesta vaciaría de contenido la acusación popular - la facultad para personarse en un proceso penal sin ser el perjudicado directo del hecho delictivo - recogida en el artículo 125 de la Constitución Española y en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Partido Socialista propuso, en palabras de Patxi López, la acotación del papel de las acusaciones populares para "proteger derechos fundamentales", recogiendo la prohibición de ejercer dicha acusación a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, algo que para los jueces vulneraría el "derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas".
Otro de los puntos que ha despertado la sospecha entre los expertos es la nueva causa de abstención o recusación recogida en la reforma. El PSOE estableció en su proposición de ley la posibilidad de "apartar" a aquellos jueces que realizasen declaraciones en favor de partidos políticos, ya que lo consideraban una "judicialización de la política". No obstante, los magistrados temen que este paso sirva para "limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica".
Por todo ello, desde la asociación mayoritaria de jueces han remitido este escrito al Parlamento Europeo, concretamente a su presidenta, Roberta Metsola, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando su intervención ante lo que consideran "un nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho".