El juzgado de primera instancia 104 de Madrid ha admitido a trámite la demanda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ante la modificación de los estatutos que se aprobó el pasado mes de noviembre en la Asamblea General, cuando el Partido Popular asumió la presidencia de la Junta de Gobierno del órgano que agrupa a los 179 municipios madrileños.
Fue el Ayuntamiento ripense el que, en representación de la Red de Municipios por el Cambio, dio el paso de emprender acciones judiciales ante lo que consideraban un "atropello" de los populares para echarles de la FMMadrid. Una decisión que respaldó Más Madrid durante una visita con los diferentes alcaldes que conforman la Red. “Al Partido Popular le sobra la Red de Municipios porque le sobra la pluralidad y la democracia”, aseguraba Manuela Bergerot, portavoz de la formación.
Tras asumir la presidencia de la FMMadrid, el Partido Popular aprobó dos cambios significativos en los estatutos. En primer lugar, los partidos deberían ostentar un 5%, del total de los votos -anteriormente necesitaban un 3%- para tener representación en el organismo, dificultando así la entrada de partidos como Más Madrid, Izquierda Unida o Podemos. Además, solo aquellos grupos que obtuvieron más de un 20% de los votos podrían optar a un coordinador político a tiempo completo. En consecuencia, la Red de Municipios por el Cambio se quedó con una única representante, Aída Castillejo, actual alcaldesa de Rivas.
Castillejo ya aseguró en este medio que "con este cambio estamos hablando de limitar la representatividad de los municipios en esta Federación y creo que va en contra de su espíritu, de que todos los municipios, independientemente del color político, tengan representación". Así mismo, parece que la modificación se comunicó a la alcaldesa ripense con menos de siete días de antelación a la celebración del pleno de investidura.
Por su parte, desde el gabinete de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares y actual presidenta de la FMMadrid, aseguran en este medio que "a día de hoy en esta Federación no tenemos conocimiento, ni se ha recibido por cauce judicial ninguna notificación de procedimiento alguno, por lo que no podemos pronunciarnos sobre demanda de impugnación de Estatutos. Reservándonos cualquier tipo de pronunciamiento hasta tener información veraz e indubitada".
Las mismas fuentes aseguran que desde la Federación "se actúa y se trabaja dentro del marco jurídico legal y del Estado de Derecho. Que toda decisión de modificación estatutaria siempre puede ser susceptible de impugnación, con lo que quién se considere perjudicado es soberano de instar las acciones legales que el sistema democrático de la Constitución Española de 1978, ampara dentro del imperio de la ley y de la separación de poderes".
Ahora, queda esperar lo que dicta el juzgado y si, finalmente, da la razón a la Red de Municipios por el Cambio o, por el contrario, avala los cambios realizados por el Partido Popular, quien ostenta una amplia mayoría.