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El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Leganés presentó al pleno de noviembre una moción en la que pedía medidas concretas en materia de vivienda. Finalmente esta moción no pudo ni debatirse ni votarse ya que la sesión plenaria se suspendió porque los concejales de la oposición no habían recibido la documentación pertinente, entre ella, el texto de las mociones. Esta propuesta tendrá que ser debatida, por tanto, en un pleno extraordinario o ya en el pleno ordinario del 12 de diciembre.
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El Gobierno municipal de Leganés formado por PP y ULEG se defiende de las acusaciones del PSOE tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso de los socialistas en el que se pide que se anulen unas determinadas modificaciones presupuestarias asumidas por el Ejecutivo local. El equipo de Gobierno afirma que los servicios jurídicos municipales ya están trabajando en dar una respuesta tanto a la solicitud de medidas cautelares admitidas por la justicia ante la petición del PSOE como al propio recurso contencioso que han planteado los socialistas. Desde las filas del Gobierno de Miguel Ángel Recuenco inciden en que lo único que ha pasado es que ha sido admitido a trámite dicho recurso y ahora está por ver si el fondo del asunto se dirime hacia una parte u otro. Por ello, recuerdan que en ningún caso suponen la paralización de ninguno de los proyectos puestos en marcha.
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Parece que la moda de enviar cartas al ministro de Transportes se extiende entre los alcalde populares de la Comunidad de Madrid. Al igual que ha hecho el regidor de Humanes de Madrid, Óscar Puente; o el regidor de Griñón, José María Porras, el primer edil leganense, Miguel Ángel Recuenco ha dirigido una misiva a Óscar Puente solicitando que se implementen una serie de mejoras urgentes en la línea C5 de Cercanías de RENFE que todos los días afectan a miles de ciudadanos.
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El pasillo de terreno ubicado entre la M-40 y el norte de Leganés se ha convertido poco a poco en un enorme vertedero ilegal en el que se depositan restos de obras, muebles, neumáticos, coches quemados... incluso materiales peligrosos y contaminantes. Este hecho lleva siendo denunciado desde hace años por organizaciones medioambientales como Ecologistas en Acción y por los diferentes partidos políticos de Leganés. Incluso ULEG, que ahora es parte del Gobierno, pedía responsabilidades al anterior Ejecutivo local por su inacción ante esta situación.
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Los nueve concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento Leganés han decidido responder al desprecio de los concejales de la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos-Izquierda Unida y VOX) hacia las necesidades de los vecinos evitando debatir sus ideológicas mociones – de las cuatro formaciones políticas – como respuesta a la negativa de los ediles de dichos grupos a afrontar las preocupaciones reales de los vecinos evitando, con sus votos, que el consistorio pueda hacer frente a pagos necesarios.
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El pasado 30 de agosto sucedió algo inédito en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Leganés. Acostumbrados a largas sesiones plenarias, la última tan solo duro poco más de tres minutos. El Orden del Día incluía ocho puntos, todos ellos modificaciones presupuestarias por aplicación del superávit que presentó el equipo de Gobierno a través de la concejala de Hacienda.
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El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha conseguido después de meses que se aprobaran las modificaciones presupuestarias que permitan el pago de facturas pendientes de luz y gas, la tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid, la tasa del servicio de gestión de residuos de la Mancomunidad del Sur, o el abono de sentencias judiciales perdidas en anteriores mandatos.
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El pasado 11 de julio el Ayuntamiento de Leganés celebró el pleno ordinario del mes de julio en el que se presentaron, debatieron y votaron 20 puntos de los que se aprobaron la mitad y se rechazaron el resto. El equipo de Gobierno, una vez más, ha visto como la oposición de PSOE, Más Madrid, Podemos y VOX ha vuelto a rechazar las propuestas de modificaciones presupuestarias, algunas de ellas para saldar facturas impagadas de luz y gas, la tasa de Bomberos y el servicio de gestión de residuos o el abono de resoluciones judiciales perdidas en anteriores mandatos.
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