Reyes Maroto ha criticado los anuncios que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con respecto a las autorizaciones especiales para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones. Para la portavoz del PSOE en la capital, “nos van a llevar al caos: nadie va a saber si se puede o no entrar en la ciudad, cómo se tiene que registrar para que no le lleguen multas, ni cómo moverse, cuando la movilidad debería ser uno de los ejes más importantes de gestión”.
El Gobierno de José Luis Martínez Almeida anunció ayer que el periodo de aviso para informar a los ciudadanos de que hasta ahora no se aplicaban estas limitaciones se extenderá durante doce meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, detallaron algunas excepciones autorizadas para la entrada a Madrid, como la posibilidad de acceso a aquellos autónomos (o sociedades unipersonales) de 59 años (cumplidos en 2025) para los que, al menos, el 50 % de su flota sea vehículos A de más de 3,5 toneladas.
Tampoco afectarán las limitaciones de circulación a los vehículos A cuyos titulares o familiares lo necesiten para su traslado a centros médicos y hospitalarios para someterse a tratamientos hospitalarios. Y se permitirá el acceso temporal a los vehículos A de aquellas personas que hayan comprado uno nuevo de bajas emisiones, pero que, por cuestiones de fabricación, no lo hayan recibido todavía.
En este sentido, Maroto se teme que estos anuncios sean "otra chapuza más que añada inseguridad jurídica".
Por otro lado, la socialista ha destacado que, de nuevo, los Tribunales les dan la razón. Hace dos años, su formación presentó un recurso porque el Ayuntamiento incorporó en la Ordenanza de Limpieza una moratoria para que pudieran circular las furgonetas con etiqueta B por el centro. Un año después, la Justicia dictó una sentencia no firme que parecía confirmar las denuncias del PSOE, pero el Partido Popular recurrió.
Ahora, el PSOE ha recibido una sentencia firme que confirma que “esta es una nueva chapuza normativa del Gobierno de Almeida”. “Esto genera inseguridad jurídica y perjudica a los madrileños y las madrileñas porque el Ayuntamiento es el que tiene que pagar las costas con dinero de todos”, subraya la portavoz.