El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio lleva a pleno la aprobación de una nueva ordenanza fiscal que ponga en marcha la controvertida tasa de basuras que todos los ayuntamientos de España están obligadas a implantar antes de abril del año 2025.
En una nota pública, el consistorio moralejeño explica que esta tasa entra en vigor como cumplimiento de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, impulsada por el Gobierno de España y aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta normativa, por tanto, obliga a los consistorios a poner en marcha una tasa que recoja el coste total y real de la gestión de residuos. Dicha tasa debe ser específica, diferenciada y no deficitaria para que cumpla con uno de los axiomas impuestos por las instituciones europeas de que "pague más quien más contamine".
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, al igual que muchos otros gobernados por el Partido Popular, se opone a esta nueva legislación y a esta nueva tasa a la que denominan coloquialmente como el "tasazo de Sánchez", en referencia al presidente del Gobierno. En línea con lo que ha manifestado la Federación de Municipios de Madrid, entidad controlada por los populares, el consistorio moralejeño defiende que esta tasa "convierte a las entidades locales en recaudadoras del Estado, quien obtendrá más de 3.000 millones de euros con esta medida que, por otra parte, no aporta beneficio para los vecinos en las arcas municipales. En este sentido, nos adherimos al Manifiesto en defensa de la autonomía local frente a las imposiciones del Gobierno de España emitido por la FMM que define la medida como 'un castigo a todos los ayuntamientos que se están viendo obligados a repercutir la tasa en los ciudadanos'".
El equipo de gobierno asegura que ha esperado hasta el último momento para proceder a la aprobación de esta tasa evitando así aumentar la carga fiscal de los vecinos. Asimismo, se han buscado los criterios menos gravosos para los contribuyentes, utilizando principalmente pasa su cálculo el número de metros de las viviendas y diferenciando tipologías de tasas, favoreciendo usos residenciales frente al resto de usos de los inmuebles (comercios, industrias, hostelería, etc).
El funcionamiento de esta tasa es sencillo, pero la dificultad estriba en decidir los criterios para repartir el costo entre los vecinos. En principio, el Ayuntamiento debe calcular cuanto cuesta recoger, gestionar y llevar a vertedero la basura generada en todo el municipio y ese coste total dividirlo entre los habitantes del municipio. Pero, aquí está lo difícil. Hay municipios que calculan esta tasa individual en función de los habitantes de una vivienda bajo el supuesto de que al ser más, generan más residuos. Pero otros, como Moraleja, han decidido que el criterio principal sea el número de metros de la vivienda. Pero puede ocurrir que una persona que viva sola en una casa grande pague más que una familia de cinco miembros que viva en un piso pequeño a pesar de que, sobre el papel, el primero genera menos residuos que los segundos. Por eso los alcaldes y alcaldesas manifiestan que no hay una forma justa y equitativa de repartir este coste y que, por lo tanto, decidan lo que decidan siempre estarán perjudicando a alguien.
TRANSPOSICIÓN DE UNA DIRECTIVA EUROPEA
El Gobierno de España explica que esta Ley que pone en marcha la tasa de basuras es una transposición de la directiva europea 2018/851 que contiene un paquete de medidas sobre economía circular que, entre otras cosas, obliga a una recogida separada de residuos, a alcanzar unos objetivos de reciclado de residuos municipales, a reducir la generación de residuos alimentarios o a reforzar las normas sobre prevención de residuos, entre otras cuestiones. Esta directiva señala ejemplos de inventivos para aplicar la jerarquía de residuos como tasas de depósito en vertederos (que ya funciona en España) y sistemas de pago por generación de residuos (pay-as-you-throw).
Esta legislación europea que se aprobó en el 2018 por la Comisión y el Parlamento Europeo fue defendida por el Partido Popular Europeo, pero ahora, los populares españoles han emprendido una lucha política contra el Ejecutivo central por implantar estas políticas. Aunque es cierto que la Directiva no señala expresamente qué medidas tienen que implantar los distintos países, en España se ha optado por crear esta tasa que suponga que los ciudadanos sepan cuál es el coste directo del servicio de recogida y gestión de residuos que se genera en sus municipios. Los ayuntamientos que mas y mejor hayan trabajado en políticas dirigidas a reciclar y reutilizar serán los que menos coste tendrán que pagar por esta tasa de basuras y la idea es que cada municipio trabaje en este sentido para reducir al mínimo esa generación de residuos.