El Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya, con el apoyo de las organizaciones sociales, de los sindicatos de UGT y CC. OO., ha organizado una manifestación en Madrid bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”.
Durante la marcha, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha vuelto a denunciar la política de vivienda del Partido Popular, que “prima los intereses inmobiliarios frente al derecho a la vivienda, ignora la emergencia habitacional y cronifica la pobreza”.
Cabe destacar que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha declarado más de una vez que el Gobierno de la nación tan solo ha invertido en la capital un “2%”. Dice el regidor que mientras el consistorio ha invertido “durante estos cinco años de 860 millones de euros en vivienda”, desde el ejecutivo nacional “19 millones de euros”.
El Ayuntamiento de Madrid es el Consistorio que ha destinado mayor inversión a la construcción y mantenimiento de viviendas públicas en los últimos años. Según datos del Boletín Especial de Vivienda Social 2024, Madrid ha invertido más de 811 millones de euros entre 2020 y 2023, bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida.
De hecho, Maroto no ha podido dejar de lado el análisis que hizo el Ministerio de Consumo sobre las más de 15.200 viviendas de uso turístico que operan de manera ilegal en la capital de España. “Que no se cierren hace que Almeida sea un colaborador necesario de la ilegalidad en esta ciudad, que expulsa a los vecinos y vecinas”, añade la edil.
El alcalde ya aclaró la situación sobre la petición de Consumo de poner fin a los anuncios de estas viviendas de uso turístico que están operando de forma ilegal: “Quien tiene la competencia de la comercialización es el Gobierno de España”.
De hecho, el regidor aclaró que desde el Ministerio de Consumo le envió un documento con los pisos turísticos ilegales de Madrid, pero pedía al ministro, Pablo Bustinduy, que “haga los deberes porque hemos comprobado el listado de viviendas de uso turístico que nos ha mandado y es una chapuza”.
De las viviendas que “ha facilitado” al consistorio, el 40% de ellas (1.400) “están identificadas con la dirección” y han sido identificadas por el equipo de Gobierno con anterioridad. Continúa el edil de capital diciendo que “el resto se ha limitado a copiar los enlaces que hay de Airbnb y la plataforma no pone la dirección por razones obvias”.