El Gobierno de España propone nuevas medidas en materia de vivienda para este 2025. Así lo ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez, asegurando que, su principal objetivo es conseguir "más viviendas, mejor regulación y mayores ayudas" para el acceso a la misma, "nos vamos a dejar la piel en la causa". El Ejecutivo pretende aplicar doce propuestas que implicarían tanto a inquilinos como a propietarios, con el fin de, aseguran, proteger a ambos.
En este sentido, se prioriza el uso de la nueva Empresa Pública de Vivienda en varios aspectos, asumiendo esta el primer puesto en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas, es decir, para los casos en los que "el ordenamiento específico no regule el supuesto contemplado", según se recoge en la Constitución Española.
Además, la Administración General del Estado ha transferido a esta Empresa más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.
Sánchez también ha anunciado que se blindará la vivienda protegida del Estado, "garantizando por ley" que las mismas mantengan indefinidamente su titularidad pública.
Por otro lado, el Gobierno lanzará un PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, "para que podamos construir casas en menos tiempo y con menos costes". Una medida que se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.
Así mismo, el Ejecutivo central pretende proteger tanto a los inquilinos como a los propietarios que participen en las medidas de alquiler asequible, creando un sistema de garantías. Una medida que entrará en vigor este año y que se aplicará, en primer lugar, a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Además, se propondrá en el Congreso de los Diputados la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia que recoge la Ley de Vivienda, sin necesidad de que se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
Otra medida que se propondrá en el parlamento es que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. También se pretende endurecer la regulación contra el fraude en los alquileres de temporada, así como la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros "usos fraudulentos".
El Gobierno también condicionará las supuestas ventajas fiscales a los grupos de inversión en activos inmobiliarios o las sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal sea adquirir, promocionar y rehabilitar activos de naturaleza urbana para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de participaciones.
Se limitará la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes a través del incremento de hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
Por último, se hará un nuevo Plan de Estatal de Vivienda, para su entrada en vigor en 2026. Aumentará los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.
Tras anunciar estas medidas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, ha recordado que este Gobierno coloca la problemática en esta materia "en el centro de nuestra agenda", apoyándose en algunos proyectos como la 'Operación Campamento' de la ciudad de Madrid. Unas palabras que ha secundado Enma López, secretaria Federal de Política Económica y Transformación Digital y portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de la capital.
La socialista también ha aprovechado para lanzar un dardo contra el Partido Popular asegurando que "para ellos la vivienda es un negocio, vuelve a ser, de nuevo, el pelotazo". López recuerda que los populares propusieron una serie de medidas recogidas por el PSOE posteriormente en una Ley del Suelo, y que no apoyaron, "anticipando de nuevo sus intereses partidistas, incluso, a los intereses de sus propios alcaldes".