La Federación Estatal de Lesbianas, Gayha presentado hoy junto a su Observatorio Redes Contra el Odio el informe “La Cara Oculta de la Violencia hacia el Colectivo LGTBI”. Un informe que pretende identificar la magnitud y recurrencias de los diferentes tipos de violencias hacia las personas LGTBI y denunciar la invisibilidad de los delitos de odio y las discriminaciones entre las personas más vulnerables del colectivo, extendidos y normalizados en nuestra sociedad.
De esta forma, se trata de un documento que no solo habla de cifras (629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género) sino también de la dificultad de hacer llegar los delitos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los juzgados y de la complejidad para armonizar la atención a las víctimas y la recogida de información. Un documento que se convierte en una hoja de ruta que nos muestra muchas de las imperfecciones de nuestro sistema social y de las carencias en las garantías de ciertos derechos constitucionales.
Sola ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia de las víctimas de delitos de odio y reitera que hay que seguir trabajando contra todo tipo de discriminación. “La importancia de los delitos de odio a personas LGTBI no viene dada solamente por lo que viven las víctimas, sino que se atenta directamente contra los principios básicos de la convivencia y son necesarias medidas legales para combatirlas” añade
Por parte de FELGTB, ha asistido Uge Sangil, Presidenta de la Federación; Jesús Generelo, ex presidente de FELGTB y coordinador del Observatorio Redes contra el Odio; Violeta Assiego, Responsable de Investigación; Jennifer Rebollo, Gerente; Arantxa Miranda, vocal de delitos de odio de FELGTB y Maribel Torregrosa como testimonio de mujer trans víctima de delito de odio. Han mostrado su gran preocupación ante la normalización de los delitos de odio y remarcado los intentos de FELGTB desde 2013 de poner orden a los datos y llegar a los espacios opacos de este problema, que siguen siendo mayores que los espacios de luz.
El informe estatal más importante hasta la fecha en el que se visibiliza la magnitud de las violencias hacia el colectivo LGTBI recogidas en 2017 por entidades LGTBI
“A través de esas cifras también podemos leer mucho sobre las desigualdades en cuanto a la protección de las víctimas que hay entre unos territorios y otros, o de las minorías dentro del colectivo LGTBI que permanecen más vulnerables e inaccesibles” declaraba Jesús Generelo.
Informe
Si atendemos a la orientación sexual e identidad de género: en el Informe Experiencias de personas LGBT como víctimas de la discriminación y los delitos motivados por prejuicios en la UE y Croacia, de la European Union Agency for Fundamental Rights, elaborado en 2013, casi la mitad, 47 %, de las y los consultados señalaron que se habían sentido personalmente discriminados o acosados por motivo de su orientación sexual en el año anterior la encuesta.
Por otro lado, según la misma fuente, sólo el 17 % de las y los encuestados denunció a la policía el incidente más reciente de violencia motivada por prejuicios que le hubiera ocurrido.
Según los informes del Ministerio del Interior, la orientación sexual y la identidad de género son algunos de los motivos que más delitos de odio provocan en nuestro país. El ítem que más aumentó en el informe de 2017, en concreto (+36%).
La importancia de los delitos de odio por LGTBifobia la dan tanto las cifras como lo que se esconde tras las cifras. Desde el 2014 desde el Observatorio Redes Contra el Odio impulsado por FELGTB se elaboran y/o publican los informes anuales: CON LA VOZ BIEN ALTA: Informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios por Orientación sexual e identidad de género en España.
Resultados
De los al menos, 629 casos de delitos de odio e incidentes discriminatorios registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, 332 casos, han sido analizados por nuestro Observatorio al contar con información suficiente para ello.
El 73% de las víctimas fueron hombres gais y el 21% mujeres lesbianas, siendo los dos subgrupos más representados en la muestra. Es necesario poner en marcha estrategias de acercamiento a la comunidad trans para recoger información sobre las violencias que les afectan de manera cotidiana y sistematizar la recogida de datos conforme a las variables: cisexual, transexual y no binario.
En este sentido, destaca que solo el 8% de las víctimas se nombran y/o son identificadas como personas trans y que de un porcentaje muy alto (45%) no se sabe si son cisexuales, trans o no binarias.
El porcentaje de casos de personas bisexuales es muy bajo (2%). Esto vuelve a evidenciar una doble problemática, por un lado, la dificultad y desconfianza de las personas bisexuales para identificarse como tales a la hora de relatar las violencias y de hacer accesibles las herramientas de denuncia de su caso y por otro la asunción de homosexualidad de una buena parte de víctimas bisexuales de delitos de odio o incidentes discriminatorios LGTBIfóbicos.
El 4% de las víctimas que han sido identificadas como personas heterosexuales nos vuelve a mostrar cómo el prejuicio que motiva la violencia LGTBIfóbica no es sólo la orientación real, identidad de género, y/o expresión de género real, sino también la percibida por parte de los agresores. Por otro lado, son también muestra del “contagio” del estigma asociado a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, ya que estas víctimas son con frecuencia personas que son parejas, familiares, amigos o acompañantes de personas LGTBI.
Más de la mitad (53%) de las víctimas pertenecen al rango de edad que está entre los 18 y 35 años. En contraposición en edad y en porcentaje están las personas mayores de 50 años que apenas llegan al 4% del total de las víctimas de las violencias LGTBIfóbicas.
El elevado porcentaje de víctimas menores de edad (12%) debería hacer saltar las alarmas del sistema educativo, que no está ofreciendo suficiente protección al alumnado LGTBI.
El 71% de los casos tuvo lugar en una gran ciudad. Esta cifra viene a triplicar los casos que tiene lugar otros núcleos urbanos y rurales de menor población. Es necesario reflexionar en este sentido, por un lado, hasta que punto para la víctima juega como factor de protección el hecho de desvelar una incidencia LGTBIfóbica el que esta tenga lugar en una localidad donde es más fácil conservar el anonimato, y por otro, el valor que tiene el número, cercanía y accesibilidad de recursos de atención y de apoyo.
Por último, Uge Sangil recordaba que “esperamos que los datos y análisis aportados por este informe sirvan para demostrar al Gobierno y a los grupos políticos parlamentarios la imperiosa necesidad de contar con una Ley de Igualdad LGTBI que realice una labor preventiva y aporte herramientas para reducir un problema ancestral.”