“El Gobierno está firmemente comprometido con la eliminación de todas las barreras para la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH”, ha asegurado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, durante el acto de presentación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, en el que también ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno recoge así el desafío que supuso la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en junio de 2016 en la que señala claramente que hacer frente a la discriminación y al estigma es un elemento fundamental en la respuesta a la infección.
Según ha anunciado María Luisa Carcedo, el Gobierno también asume el compromiso de generar marcos jurídicos, sociales y normativos con un objetivo doble: por un lado, se busca la eliminación del estigma y la discriminación. Y por otro lado, “esta resolución está dirigida a preservar y construir entornos que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con VIH”.
Además, el Gobierno ha asumido el compromiso común y universal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “La plasmación de este compromiso”, ha asegurado la ministra, “tiene un horizonte temporal: poner fin en 2030 a la epidemia de VIH y sida”.
El documento contempla como líneas de actuación, asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como indicador de enfermedad infecto contagiosa, garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción, vigilar las situaciones de discriminación y reducir el estigma social
Además, el Gobierno ha asumido el compromiso común y universal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “La plasmación de este compromiso”, ha asegurado la ministra, “tiene un horizonte temporal: poner fin en 2030 a la epidemia de VIH y sida”.
Por su parte, el ministro del Interior ha apuntado que la lucha contra los prejuicios y el estigma “es una cuestión de carácter transversal en la que todas las Administraciones e instituciones tenemos un papel que desarrollar”.
“Soy consciente de lo que nos corresponde para garantizar un ámbito social donde la igualdad de trato sea algo efectivo”, ha añadido Fernando Grande-Marlaska. “Desde suscribir una hipoteca, un seguro o en el ámbito laboral donde el VIH sigue siendo discriminatorio”.
El ministro ha apelado a la formación como instrumento para combatir esa situación, empezando por los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es un objetivo prioritario de mi ministerio”, ha manifestado. “Cuando una persona sufre discriminación al primer lugar al que acude es a la policía y ese profesional debe tener conocimiento y sensibilidad clara sobre los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico ofrece para combatir esa situación”.