La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le traslada su preocupación por las "graves situaciones" que se están dando, advierte, en el campamento de migrantes instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá y gestionado por el Gobierno de España.
Según denuncian en un comunicado, a la que ha tenido acceso este medio, estas personas están sufriendo un "maltrato continuado" y se les ha llegado incluso a "marcar con números en la piel".
También critican el "duro control" al que se somete a estas personas para poder salir, de tal modo que "se les limita el acceso a la calle" y se cuenta con "una alimentación y procesos de integración absolutamente deficientes".
Debido a esta situación, explica en su carta, la Red ha presentado tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, aunque ha lamentado que por ahora no han obtenido "éxito alguno".
ORDEN DE VACIAR EL CENTRO "SIN SOLUCIÓN HABITACIONAL"
Por otro lado, la Red le transmite que ha tenido conocimiento de que el Ejecutivo central "ha dado orden de vaciar de forma progresiva este centro" sin "solución habitacional" para "más de 300 usuarios que hicieron entrada al inicio del citado centro".
Esto incluye, subraya, a menores que están en el centro ahora mismo y que, al hacer salida del recurso, "van a tener que pedir amparo inmediatamente a la Comunidad de Madrid", así como "a decenas de personas de origen migrante sin recursos económicos".
En el documento, la Red Española de Inmigración y Apoyo al Refugiado ha lamentado que sus críticas a la gestión de la crisis migratoria en el archipiélago canario le hayan valido "los ataques del Gobierno central" y, en particular, del entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -hoy de Transformación Digital y Función Pública-, José Luis Escrivá, el cual "decidió bloquear la participación en esta actuación de reubicación de cualquier entidad miembro de la Red".
Para esta organización, aquel "veto" confirmó "que estas gestiones están vinculadas a contratos de emergencia que están empezando a caducar sin renovarse y que de forma progresiva van a provocar que se dé un proceso de evacuación sin aviso ni remisión de fondos a las comunidades autónomas donde se encuentran para reforzar servicios sociales".
En la misiva, la Red ruega a la presidenta de la Comunidad que dé traslado a sus consejerías implicadas en la materia, y le solicita una reunión "con el área de gobierno que mejor se estime" para exponer esta situación y buscar vías "para denunciar este escenario de forma conjunta".