Desde la CGT anuncia que, a través de los servicios jurídicos de reivindicate abogados, “pone fina la discriminación salarial de los trabajadores”. Según explican, ahora el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, “deberá regularizar los contratos que viene estableciendo desde hace más de 10 años”. Por ello, tienen que abonar a los trabajadores la diferencia salaria no percibida respecto del resto de trabajadores laborales del consistorio. Esto es, los trabajadores que se encuentren bajo este marco normativo que hayan trabajado en el último año para el Ayuntamiento alcalaíno o que estén trabajando en la actualidad dentro del Programa de Inserción Laboral pueden reclamar a la administración la diferencia salarial no percibida.
Toda esta situación comienza en el año 2012 cuando los diferentes equipos de Gobierno, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, “han venido haciendo uso de diversos Programas de contratación en el marco de los Programas de Inserción Laboral (PIL), subvencionados con cargo a fondos europeos gestionados por la Comunidad de Madrid”. De hecho, al parecer en el marco de estos programas se asignaba un salario a los trabajadores inferior que al resto del Personal del Ayuntamiento.
Así, en julio de 2020 el consistorio fue condenado por el Tribunal Supremo, “por contratar a trabajadores a los que les aplicaba un salario inferior al del convenio colectivo del ayuntamiento”. En esa ocasión el TS dijo que el Ayuntamiento de Alcalá no contaba con ninguna norma ni acuerdo que permitiera asignar a los trabajadores el salario que se les venía abonando, el cual era inferior al resto de compañeros.
Ante la sentencia del Supremo, la casa consistorial, gobernada en ese momento por el PSOE, en fecha 30 de septiembre de 2020, realizó un Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Henares apoyado por los sindicados UGT, CSIF y CPPM, aprobado en Junta de Gobierno Local el 8 de octubre de ese mismo año. En este, “se acordó pagar un salario inferior para los trabajadores provenientes del PIL, esto es, aquellos contratos de obra y servicio; contratos en prácticas; contratos de formación - Cualificación Desempleados; y contratos de cualificación Jóvenes subvencionados por la Comunidad de Madrid y la UE”.
La cosa no acabó aquí. Después de este acuerdo, desde el despacho de abogados Reivindicate se presentó una demanda en representación de 12 trabajadoras afectadas, dictándose sentencia favorable por el Juzgado de lo Social n.º 21 de Madrid. Posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que ya se condenó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a abonar a cada trabajadora la diferencia salarial no percibida respecto a los trabajadores del Ayuntamiento contratados fuera de los PIL debiendo abonar la Administración un total de más de 95.000 € incluyendo los intereses generados durante el procedimiento a las trabajadoras. Sin embargo, a pesar de estas sentencias, desde el consistorio han continuado con la misma situación.
Desde SoydeMadrid.com nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para saber más al respecto, pero de momento no se quieren pronunciar al respecto. De hecho, también hemos preguntado al Partido Socialista, quien, de momento, tampoco ha dado ninguna respuesta.