“Queremos tratar de desarmar las acusaciones sobre este gobierno”. Con estas declaraciones arrancaba la rueda de prensa ofrecida por los concejales Suso Abad y Alberto Egido. Ambos ediles de Somos Alcalá fueron precisamente dos de los aludidos de las últimas informaciones vertidas por el diario ABC. La publicación asegura que la adjudicación de las ayudas a entidades sociales (40.000 euros) que se han promovido desde el consistorio complutense, han sido concedidas a compañeros de partido, poniendo en duda la legalidad de la concesión.
Disparidad de criterios
Desde el Partido Popular de Alcalá exigen al Equipo de Gobierno que “explique de forma inmediata las posibles irregularidades que refleja la noticia publicada en el diario ABC”. La formación liderada por Víctor Chacón va más allá y pone el foco en la Comisión de Evaluación, encargada de valorar las distintas asociaciones que optaban a las subvenciones. “Si los cuatro concejales de Somos que de forma inusual formaban la Comisión Evaluadora no se abstuvieron de puntuar las propuestas de sus otros compañeros de partido, se estaría vulnerando un principio ético y legal”, asegura Chacón.
Por su parte, los concejales de Somos Alcalá insisten en que “la adjudicación de las ayudas ha sido legal y transparente”. Una afirmación que fundamentaron en la composición de la Comisión Evaluadora. “No estaba en absoluto formada íntegramente por ediles de Somos Alcalá, tal y como se recoge en la noticia” sino que contaba con la participación de cinco técnicos municipales. Durante su intervención, Suso Abad, recordó que “los fondos destinados a estas subvenciones se corresponden con el excedente de sus nóminas” y que están siendo víctimas de “una campaña de acoso y derribo”.
La concesión ha sido legal y transparente
Actuaciones controvertidas
Los ediles de Somos Alcalá se vieron obligados a comparecer tras las vehementes declaraciones del Partido Popular sobre algunas actuaciones que han generado controversia como el CIMPA, la limpieza de la calle Mayor, la aparición de roedores o el centro de acogida para personas sin hogar.
El Centro Integral Municipal de Protección Animal ha sido objeto de numerosas denuncias en medios de comunicación por el deteriorado estado que presentaban los animales. Desde el Partido Popular, aseguraron que se había cerrado el expediente sancionador contra la empresa concesionaria. El equipo de gobierno matiza y asegura que se cerró un primer expediente sancionador pero en un segundo expediente, sí se interpusieron sanciones.
En referencia al centro de acogida para personas sin hogar, desde el ejecutivo aseguran que el centro no ha permanecido cerrado “ni un solo día” y que se ha aprobado un nuevo programa de Atención a la Exclusión Social por valor de 210.000 euros.