El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentará el próximo martes una moción en el pleno municipal para instar al Gobierno municipal a elaborar un plan eficaz contra la ocupación ilegal el coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Nuestra propuesta busca manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas; un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social o de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”, afirma la portavoz municipal Judith Piquet.
En la moción, los populares también recogen instar al gobierno de España a “aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas”.
Según recordó Piquet, “la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018”. Solo entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado
Para Piquet estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
A la vista de las cifras anteriormente mencionadas, “es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y podamos proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica”, aseguro Piquet. “Por eso es importante que pongamos todos los mecanismos que están en nuestro alcance para acabar con esta problemática. Estamos convencidos que es un problema que preocupa a todos los partidos, que debemos ir de la mano en este asunto”, apunta Piquet.