Además, el grupo municipal sostiene que “sólo un veterinario colegiado puede diagnosticar y pautar tratamientos médicos. Aunque el pliego describe la figura de un veterinario en horario de urgencia no describe este puesto laboral dentro del apartado de Medios Personales, por lo que deja a criterio de la empresa su contratación o no”. “Para ofrecer los servicios ofertados, respetando los derechos de los trabajadores para vacaciones, descanso semanal y entre jornadas, se precisarían de no menos de tres veterinarios, tres auxiliares, dos operarios de recogidas de animales y cuatro cuidadores. Más del doble del personal que mandata el pliego de condiciones.” “Es preciso que los pliegos de condiciones contemplen la contratación de la totalidad del personal necesario para prestar el servicio ofertado”. 

La coalición de izquierdas denuncia también que el nuevo pliego encarece todos los servicios y reduce el horario de asistencia al público. Esta reducción de horario repercute negativamente en los servicios ya que limita el horario de atención de avisos de recogida de animales en horario ordinario (fuera de ese horario se considera horario de urgencia donde solo se atenderán avisos remitidos por Policía Local o Servicios Veterinarios del Ayuntamiento). Limita el horario para poder adoptar animales, la recuperación de animales perdidos, recepción de cadáveres, etc.

La subcontratación: foco de precariedad laboral

El documento de condiciones ofrece a la empresa adjudicataria la opción de tener tienda de mascotas, ofrecer cursos… Estos servicios junto con la actividad de explotación de clínica veterinaria externa se suprimieron en 2014 por considerarse competencia desleal y ahora quieren reimplantarse. 

Para IU la subcontratación de la gestión de competencias municipales es un foco de precariedad laboral. “las condiciones laborales se ven perjudicadas, no sólo en el salario, también en otros aspectos como en la falta de estabilidad en el empleo, el incremento de la carga de trabajo y la siniestrabilidad laboral. De igual modo, la gestión privada perjudica la protección colectiva de los trabajadores, pues quedan al margen de la representación colectiva de los trabajadores municipales. La precariedad laboral alcanza el rango de normalidad y financiada con dinero público”. 

Así, la formación propone la retirada del concurso y que el pliego sea modificado en los puntos aludidos. Aunque considera que lo más adecuado sería la municipalización del servicio mediante la creación de una empresa municipal que subrogue a los trabajadores de la empresa actual.