El grupo municipal Más Madrid de Alcalá de Henares presentó en el pasado Pleno una moción para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que no cobre el IBI a los inquilinos del Plan VIVE, además de exigir al Gobierno de España la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que “los tributos que gravan la propiedad, como el IBI, siempre corran a cargo del arrendador”. Dos propuestas que fueron rechazadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista de la ciudad.
La formación política critica que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid es “insuficiente y no cumple con lo prometido a los inquilinos”. Más Madrid propuso, así, que para “compensar estas promesas incumplidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid renuncie a cobrar el IBI y las tasas municipales a los futuros inquilinos de las viviendas del Plan Vive”, añade Rosa Romero, portavoz de Más Madrid.
Sin embargo, desde el Equipo de Gobierno han asegurado que “las administraciones públicas están obligadas a repercutir el IBI a los arrendatarios de viviendas de características especiales. Se trata de un mandato del legislador al arrendador, por tanto, no le corresponde a este Ayuntamiento, ni tampoco a la Comunidad de Madrid, tomar esta medida, sino a la Ministra Montero”. De hecho, han continuado diciendo que el Plan Vive en Alcalá “es todo un éxito”.
“Es la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, quien ha puesto en marcha la construcción de 736 viviendas en la ciudad de Alcalá, viviendas asequibles de gran calidad y eficiencia energética, que además de trastero y garaje, contarán con piscina, conserjería, gimnasio y un largo etcétera, magníficas viviendas a precios asequibles”, concluyen desde el equipo de Gobierno.
Por su parte, desde Más Madrid también pedían “reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar que los gastos derivados de tributos que gravan la propiedad siempre corran a cargo de la parte arrendadora”. Una propuesta que desde el Partido Socialista no han apoyado, puesto que “esa modificación podría desproteger a los pequeños propietarios, que les encarecería, lógicamente, a personas que pueden ser pensionistas que tuvieran que pagar el IBI por ser arrendadores”.
En palabras de Rosa Romero, “el IBI es un impuesto que, como su propio nombre indica, grava el valor de los bienes inmuebles. Es decir, grava a la propiedad de la vivienda. Sin embargo, en ocasiones, el coste de este impuesto, que grava a la propiedad, puede transferirse a la persona inquilina. Esta incongruencia es posible porque la LAU lo permite. Si bien es cierto que la costumbre recomienda que los gastos relacionados con la propiedad, como el IBI o tasas de residuos, corran a cargo de la propiedad, nada impide que puedan trasladarse al inquilino; ya que el artículo 20.1 de la LAU indica que las partes podrán pactar quién asume qué”.