La Guardia Civil ha confirmado hoy, según publicaciones de eldiario.es, que existen posibilidades de que el diputado autonómico de Alcalá de Henares, Bartolomé González, cobrase una mordida por valor de 60.000 euros tras la firma del contrato con la eléctrica Cofely. Se trata de un acuerdo entre la empresa y el consistorio complutense por valor de 14 millones de euros para los próximos 15 años para el supuesto mantenimiento de seis calderas situadas en colegios públicos y dos en ciudades deportivas municipales. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dispone del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) tras irrumpir a en el Consistorio alcalaíno el pasado mes de febrero para pedir dicho contrato.
La investigación ha sufrido un nuevo impulso tras las declaraciones de uno de los cabecillas de la púnica, David Marjaliza, quien afirmaba haber pactado la cantidad de 60.000 euros con Bartolomé González, aunque admite que "no recuerdo si se entrego el dinero o no pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo". Por su parte, el ex alcalde de Alcalá de Henares que estuvo en el cargo durante 13 años, negó desde un principio todos los hechos, y aseguró que él se encontraba “muy tranquilo porque no había nada”. Además, dijo que conocía a Marjaliza cuando él era presidente de Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro, aunque afirma que desde que dejó la política no ha vuelto a tener contacto alguno.
Hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros”. “No recuerdo si se pagó o no (…), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo
Por aquel entonces, González amenzaó con querellarse con el empresario y conseguidor de la Púnica porque, aunque los trámites se hicieron cuando este aún seguía en el cargo, cuando se adjudicó el contrato a Cofely él ya no era alcalde de la ciudad. No obstante afirmó, “si hubiera tenido algún interés no me habría ido din adjudicarlo. El único interés era para la ciudad porque había que sustituir las calderas. Esto suponía un desembolso importante, por lo que nos pareció bien acceder a los fondos europeos de la Comunidad de Madrid mediante este concurso”.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la adjudicación del contrato que se hizo fue enrevesada. En el año 2013 se firmó en el mes de octubre dicho contrato, y a pesar de que los primeros contactos con la firma se produjeron durante su alcaldía, Bartolomé González se encontraba fuera del consistorio alcalaíno.
Pero en el verano de 2012, el ex regidor abandonó la alcaldía del municipio justo antes de que se impusiera o no la adjudicación del contrato en la Junta de Gobierno que poseía informes técnicos que eran totalmente contradictorios sobre el posible ahorro que podía generar esta externalización del servicio de mantenimiento de todas las calderas que había. Por consiguiente, el proceso se paralizó hasta que el informe de la auditoría externa llegó, y, posteriormente, se adjudicó en octubre de 2013, justo un año antes de que el caso de la Púnica estallara.