Un clan de Madrid ocupó la semana pasada un edificio de seis viviendas en la calle Fuego de Alcobendas, algo que no pasó desapercibido, y por lo tanto, las denuncias a las autoridades municipales no se hecho esperar por parte de los grupos políticos.
En este sentido, el PP de Alcobendas, por medio de su presidente, Luis Miguel Torres ha recordado que "en noviembre de 2021 salimos a recoger firmas para aprobar un Plan Antiocupación a nivel nacional, un paquete de medidas contra la ocupación, ya que nos parece, que el hogar debe estar especialmente protegido por la ley como parte de las necesidades básicas de una familia".
El Plan Antiocupación que propusieron los populares incluía: la expulsión en 12 horas de los ocupadores, penas de prisión de 1 a 3 años, impedir su empadronamiento, habilitar a las comunidades de vecinos para tomar medidas legales y permitir que la personas jurídicas puedan iniciar procesos de desalojo.
Desde la Comunidad de Madrid, el compromiso también es rotundo; la Presidenta Isabel Díaz Ayuso puso en marcha el servicio 112 Ocupación
Además, en la Comunidad existe un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas.
Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores.
Luis Miguel Torres ha querido reconocer la labor que está haciendo la policía local y nacional en estos temas: "Es una pena que la gestión del gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos no esté a la altura de la llevada a cabo por la policía", ha dicho el líder de los populares en Alcobendas.
"Desde el gobierno municipal no han realizado ninguna gestión hasta la fecha ni siquiera han mediado con la propiedad para agilizar la denuncia", afirmó el Presidente del grupo Popular.