El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Alcobendas del 5 de abril había dado una esperada noticia para el grupo popular de la localidad: se aprobaba la construcción de 8.600 viviendas en el Monte de Valdelatas. Esta aprobación ha sido posible gracias al acuerdo entre PP y dos de los tres concejales de Ciudadanos, a los cuales la dirección regional de su partido ha iniciado los trámites para abrir un expediente disciplinario, sin descartar suspender su militancia.
El futuro de Los Carriles pendiente de un hilo
Tras llegar a un acuerdo con los dos concejales de Ciudadanos, el hasta ahora portavoz del grupo Horacio Rico y Ana Rojas, se convocó el Pleno Extraordinario para aprobar la construcción de Los Carriles. Con esta unión de votos se llegó a la aprobación, con los votos en contra del resto de grupos y el tercer concejal de Ciudadanos.
Para Los Carriles se han destinado 2.172.909 metros cuadrados, con 500.000 metros destinados a la creación de “un nuevo pulmón verde” llamado Parque Central. El proyecto, según indicaron desde la formación municipal del PP, contempla cambios, ya que "se primó que el desarrollo comenzara en la zona Norte, donde precisamente se condensa el mayor número de viviendas de protección oficial, hasta 2.610". El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha declarado respecto a esta aprobación que “se abre un futuro y esperanza para todos tras la parálisis de estos años en materia de desarrollo urbanístico. Los Carriles ya es patrimonio de los vecinos de Alcobendas que tienen derecho a tener vivienda en su ciudad y a que su Ayuntamiento cuente con ingresos extraordinarios que le permitan abordar proyectos tan importantes como el Plan Maestro del distrito Centro”.
Este proyecto de Los Carriles no ha sido bien recibido por el Gobierno Regional. El vicepresidente, Pedro Rollán, no ha descartado “que se adopten medidas que vayan orientadas a tumbarlo”. En 2016 ya se había emitido un informe desfavorable para este proyecto de viviendas de protección oficial, señalando que no eran viables urbanísticamente. Sin embargo, el alcalde de la localidad ha señalado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supera el informe de 2016, señalando que el problema proviene de discrepancias entre administraciones.
En cuanto a los demás grupos políticos municipales, han tildado esta aprobación de “pelotazo urbanístico” y han señalado la falta de consenso a la hora de proceder a la aprobación.