A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, el gobierno PSOE-Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcobendas se vio en su momento, allá por marzo de este año, en la obligación de proceder a la modificación de la ordenanza que afecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía.
Este impuesto ha sido desde sus inicios objeto de innumerables críticas, por cuanto gravaba las transmisiones de todos los terrenos urbanos de forma objetiva, con independencia de que existiese o no un acreditado incremento de valor, que determinase la aparición de una capacidad económica susceptible de imposición.
Se produce una especie de doble tributación ya que tanto las personas físicas – en sede de ganancias patrimoniales – como las personas jurídicas – en el beneficio – quedan igualmente sujetas al pago de IRPF o de IS si efectivamente se ha producido un incremento de valor por diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión.
Más aún, dicho impuesto es compatible con el Impuesto sobre sucesiones y donaciones recayendo su pago sobre los herederos, lo cual produce situaciones de una injusticia manifiesta que en muchas ocasiones determina que los herederos se vean obligados a renunciar a las herencias por el alto coste de los impuestos. Por esa razón, siempre Vox se ha mostrado a favor de la eliminación de este Impuesto para establecer en España una fiscalidad que favorezca la prosperidad de todos los españoles.
Y, además, la evolución jurídica está dando la razón a Vox, ya que, tanto la sentencia del 16 de febrero de 2017 del TC, como más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto de Plusvalía.
. Sólo es cuestión de determinación y eficiencia en la gestión. Es posible. Ya queda menos para mayo de 2023
Ante eso, el Gobierno de Pedro Sánchez, con los aplausos de populares y socialistas, aprobó el Decreto Ley citado, para tratar de mantener a toda costa este impuesto, aún entrando en riesgo de nuevas inconstitucionalidades.
Aunque conforme al artículo 59 de la Ley de Haciendas Locales, éste no es un impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, el gobierno PSOE-Ciudadanos de Alcobendas, con la colaboración de Podemos y Partido Popular, ha aprovechado este Decreto Ley para mantenerlo, ajustar lo mínimo legal en los coeficientes de la base y aplicar el tipo impositivo más alto, el 30%.
Desde Vox Alcobendas hemos pedido la supresión de este impuesto y lo llevaremos en el programa pero para cumplirlo, por su duplicidad y por las dudas de la constitucionalidad del Decreto. Lógicamente hay que pensar en el equilibrio presupuestario al perder estos ingresos. Para eso, proponemos reducir gasto político y eliminar todos los gastos no esenciales o ideológicos. De esa manera demostramos que es posible dejar de cobrar la llamada plusvalía.
Mientras los vecinos se están enfrentando a la subida de impuestos, a la subida de la luz, del gas, la gasolina, autónomos… todos los grupos políticos menos Vox, (PP, PSOE, Cs, Podemos) prefieren mantener sus gastos innecesarios, Les resulta imposible reducir sus privilegios y gastos inútiles que han acumulado durante tantos años.
Vox apuesta por un nuevo sistema de financiación local. Es inadmisible que el actual Gobierno de España en lugar de estar apostando por ese nuevo sistema de financiación, dedique más de 20.000 millones de euros al innecesario Ministerio de Igualdad.
Eliminar gastos ineficaces para reducir impuestos, reactivar la economía y apoyar a las familias y, especialmente, a los que más lo necesitan. Sólo es cuestión de determinación y eficiencia en la gestión. Es posible. Ya queda menos para mayo de 2023.