El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas ha abierto diligencias previas contra una web que cobraba 59 euros por la solicitud y renovación de la tarjeta sanitaria europea, un trámite que se realiza, de manera gratuita a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social.
La denuncia de Facua-Consumidores en Acción fue la que puso la voz de alarma y el comienzo de las investigaciones sobre la página tarjetasanitariaeuropeaonline.com, la cual “usaba el logotipo y los colores de la Comisión Europea”, según señalan desde la asociación, para “hacer creer a los usuarios que era un sitio oficial”.
En la página web, según señalan desde Facua, sólo aclaran que está gestionada por una empresa privada “en un párrafo colocado al final con un tamaño de letra sustancialmente menor al resto”. Por ello, Facua dio parte a la Fiscalía Provincial de Madrid, que a su vez lo denunció al Juzgado Decano de Alcobendas.
Cambio de empresas
Inicialmente, Facua dirigió la denuncia contra le empresa que aparecía como propietaria de esta web: Servione Servicios Generales SL, la cual cuenta con sede en Alcobendas. Sin embargo, desde la empresa indicaron que habían sido víctimas de una suplantación de identidad, ya que la página no les pertenecía.
Tras esta denuncia, la web cambió la empresa titular a Momentum Euroconsulting SL, también de Alcobendas, aunque actualmente aparece la Gestoría Física y Virtual: MA Trading Solutions LLC, con supuesta sede en Miami.
El Ministerio de Justicia también ha alertado sobre la existencia de empresas que ofrecen información y certificados de antecedentes penales y delitos sexuales a través de Internet
Otros fraudes en la red
Desde Facua han informado que los posibles afectados pueden dirigirse al Juzgado nº1 de Alcobendas para comunicar mediante un escrito que se han visto perjudicados por esta web.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia también ha alertado sobre la existencia de empresas que ofrecen información y certificados de antecedentes penales y delitos sexuales a través de Internet, a pesar de que los certificados sólo pueden ser expedidos por el citado departamento.
Según señalan, las empresas cobran cantidades superiores a los 60 euros por estos certificados, los cuales, en algunos casos, son trámites gratuitos.