136 expedientes sin firmar

En concreto, el Gobierno socialista ha encontrado 136 expedientes sin iniciar, otros 74 expedientes que, pese a que sí se habían hecho, no se había continuado con su tramitación y otros 18 expedientes sobre los que había propuesta de resolución, pero que no habían sido remitidos a los órganos competentes. Se trata de sanciones que van desde los 750 a los 3.000 euros, según la gravedad, que han quedado en papel mojado por “la dejadez del anterior Gobierno", insistía la primera edil para señalar que esto ha generado "un serio perjuicio" a la ciudad. "Con esta cantidad podríamos haber aumentado la partida de ayuda a domicilio para los mayores o casi duplicar lo presupuestado para ayudas de emergencia", ha afirmado, señalando que "se ha despreciado y gestionado de forma intolerable un recurso económico imprescindible para la ciudadanía".

Ahora, tras el análisis de la situación, la Administración Pública “está obligada a resolver estos expedientes por lo que se debe firmar un decreto de caducidad y dar por buenas acciones no acordes a la normativa cometidas en este municipio, lo que supondrá un agravio comparativo con respecto a los establecimientos que sí cuentan con la licencia pertinente".