“Ahí van, llevan en la mano con lo que me acaban de cortar la luz”, así denuncia una vecina de Alcorcón la visita de cinco hombres a su casa que ha acabado con el corte de la electricidad de su vivienda, seguramente con la complicidad de uno de los vecinos del bloque que no está de acuerdo con su situación de ocupación.
Una escena que, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcorcón es cada vez más habitual. “Son exboxeadores, exporteros de discoteca y siempre van en grupos, su presencia ya es intimidatoria de por sí”, nos cuenta un portavoz de la plataforma, “intentan que no sea acoso desde el principio, pero si es un tío que pesa 100 kilos, su presencia ya es intimidante”.
Su modo de operar es sencillo, en un primer momento se acercan a la familia de la casa ocupada en cuestión para “negociar”, pero los términos que les ofrecen los inquilinos, como un alquiler muy bajo que puedan permitirse, nunca son suficientes. El siguiente paso es ofrecer dinero para que abandonen la casa, “ofrecen cantidades entre 1.500 y 4.000 euros, lo que no da para acceder a un alquiler”, nos aclaran desde la PAH. Por último, empiezan los cortes de agua y luz, todo esto aderezado con continuos aporreos a la puerta de la vivienda o llamadas al inquilino.
Su intención es desocupar la vivienda lo antes posible, pues han sido contratados por una empresa o fondo de inversión que pretende obtener dinero líquido con la venta de la vivienda, después de haberla comprado a un banco por un precio muy bajo con respecto al mercado. “Se quieren ahorrar los trámites judiciales, pues este procedimiento se puede alargar entre un año, año y medio”, nos explican desde la plataforma.
Primero intentan negociar ofreciendo dinero a la familia, si no funciona, les cortan el agua y la luz
En la gran mayoría de casos, las personas que viven “ocupando” la vivienda son familias con hijos que no pueden permitirse un alquiler, a pesar de que los dos adultos trabajen, o mujeres con hijos separadas. Ni desde la PAH, ni las familias afectadas por esta situación, han querido hacer declaraciones a cámara por miedo a las consecuencias.
Allanamiento distinto a usurpación
Desde la PAH aclaran que esta “ocupación” es distinta a lo que ocurriría si la vivienda fuese de un particular. De hecho, en ese caso se estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada y la policía podría actuar de oficio, expulsando a las personas que estén dentro de la casa sin necesidad de orden judicial.
No obstante, en el caso de que la vivienda pertenezca a un banco o a un fondo de inversión y se pueda demostrar que llevaba tiempo vacía, es un delito de usurpación y la Policía solo puede actuar en el caso de que exista una orden judicial. Las penas también son muy diferentes, ya que por el delito de allanamiento se establece una pena de entre seis meses y dos años de cárcel, mientras que por el de usurpación las penas son multas de entre 3 y seis meses.