“La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del impuesto de plusvalía municipal significa un ‘mazazo’ pero no sólo para el Ayuntamiento de Alcorcón sino para todos los consistorios”, ha señalado la alcaldesa, Natalia de Andrés.
En este sentido ha recordado que “todos sabemos que el Tribunal Constitucional ha hecho lo que venía avanzando desde 2017: echar abajo no el impuesto de la plusvalía en sí, sino la fórmula de cálculo de la base imponible, que es lo que se deberá regular de nuevo”.
En concreto, en 2017 declaró inconstitucional la aplicación del tributo en casos donde no había ganancia patrimonial. En 2019, en otra sentencia, cuestionó el método de cálculo y anuló la plusvalía en aquellos casos en los que, habiendo ganancia patrimonial, el impuesto era mayor a la misma y ya entonces lo calificó de “confiscatorio”.
“Desde el Ayuntamiento no tenemos capacidad de modificación alguna de la aplicación de esta fórmula ni potestad legislativa, sólo reglamentaria.”, ha recordado, “los impuestos se regulan por ley y son aplicados, de la forma que establece el legislador y sin posibilidad de modificación alguna por los Ayuntamientos”.
Asimismo, ha explicado que “el impuesto de plusvalía es el segundo impuesto más importante, después del IBI, que recibimos los ayuntamientos; en el caso de Alcorcón tenemos 13 millones de euros presupuestados para este año”. De este modo, “de la nueva regulación dependen los presupuestos de miles de Ayuntamientos y según nos informó ayer mismo el Ministerio de Hacienda y Función Pública ya está trabajando en una propuesta para llevar al Congreso de los Diputados para la modificación sobre el cálculo”.
Se ha firmado un decreto por parte de la concejala de Hacienda en el que se insta al personal a que no se tramiten liquidaciones en virtud de este impuesto.
“Lo que es evidente es que esos ingresos que no vamos a percibir deberán ser equilibrados de alguna manera”, ha indicado, “estoy completamente de acuerdo con la propuesta que hace la FEMP que plantea que se genere un fondo de compensación por parte del Estado para poder equilibrar esos presupuestos porque, según nuestra Constitución, se debe garantizar la autonomía y capacidad financiera de los ayuntamientos”.
“Evidentemente si se nos quitan de un plumazo cantidades tan importantes como las que implican este impuesto, el segundo más importante del municipio como Alcorcón, la autonomía financiera se resquebraja de una manera bastante relevante”, ha indicado.
La alcaldesa ha anunciado que “ayer mismo se ha firmado un decreto por parte de la concejala de Hacienda en el que se insta al personal a que no se tramiten liquidaciones en virtud de este impuesto. No obstante, ha recordado que “hubiera sido beneficioso que, desde 2017, cuando se publicó la primera sentencia, el Gobierno anterior del PP hubiera tomado la misma decisión; desgraciadamente lo que hizo fue hace caso omiso y decidió seguir cobrando el impuesto y exigir esta autoliquidación”.
Todo ello "generó multitud de pleitos y de devoluciones de principal, los correspondientes intereses y costas judiciales". La alcaldesa ha explicado que, "desde que hemos llegado al Gobierno, hemos tramitado 250 expedientes de devolución favorables a los vecinos y vecinas de Alcorcón que no debieron pagar el impuesto y que el PP les obligó a ello; en el mismo pleno celebrado ayer había 13 resoluciones de devolución de intereses de los cobros indebidos que se produjeron en su momento”.
Finalmente, ha señalado que “es una situación que se debe resolver de manera inmediata por parte del Estado, a través de un fondo de compensación para los ingresos que no se van a producir en los ayuntamientos; así como con una regulación clara para que tengamos seguridad jurídica todos, tanto la ciudadanía como los ayuntamientos, ya que esto trastoca de una manera importantísima la situación económica financiera de los consistorios”.