“Después de mucho trabajo y de un arduo procedimiento que se ha alargado, desgraciadamente, durante varios años, por fin se hace justicia con esta ciudad y con el patrimonio de la ciudadanía: ayer firmamos ante notario la cesión global de los activos y pasivos entre Emgiasa como entidad cedente y el Ayuntamiento de Alcorcón como entidad cesionaria”, ha anunciado la alcaldesa, Candelaria Testa.
La regidora ha ensalzado “el extraordinario trabajo realizado durante el pasado y el presente mandato, desde el rigor y la seriedad, para recuperar el patrimonio municipal y devolverlo a quien pertenece: la ciudadanía de Alcorcón”.
Testa ha recordado que “este compromiso, por fin cumplido, parte del ‘reajuste’ del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Alcorcón para iniciar este procedimiento de adquisición, una operación que, tal y como ya anunciamos, no iba a generar ningún gasto para las arcas municipales, sino todo lo contrario”.
La primera edil asegura que "los datos hablan por sí solos". Explica que, tras esta firma, "el Ayuntamiento de Alcorcón ingresará un millón de euros, y además recuperará todo el patrimonio de Emgiasa, que supera los diez millones de euros y se destinará a vivienda pública”.
Por fin se hace justicia con esta ciudad y con el patrimonio de la ciudadanía
“La importancia de esta firma no solo estriba en que recuperamos las políticas de vivienda que quedaron en suspenso en 2011, con la llegada del Partido Popular y su decisión de presentar un concurso voluntario de acreedores”, ha indicado. La alcaldesa se ha mostrado rotunda: “Este proceso finaliza ahora, 13 años después, con datos que reflejan lo ilógico de aquella decisión: con superávit en cuenta y en inventario”.
“El tiempo y las cifras demuestran que nunca se tuvo que tomar esa decisión política, que implicó, tal y como denunciamos entonces, un grave daño a los intereses de la ciudad, ya que aquella liquidación implicó la venta de patrimonio municipal a un precio muy por debajo del precio de mercado, con la consiguiente pérdida para las arcas municipales, así como la eliminación de una empresa y el fin de las políticas de vivienda pública que hasta entonces habían sido referente en esta ciudad”, ha añadido.
Finalmente, ha señalado que “todo ello demuestra que existieron decisiones políticas que implicaron un serio daño a la ciudadanía, a sus intereses y su patrimonio, por lo que no descartamos acciones judiciales para que quienes cometieron esta agresión contra los intereses de la ciudadanía asuman su responsabilidad”.