El alcalde de Alcorcón David Pérez, en una rueda de prensa extraordinaria en el Ayuntamiento, dio a conocer La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde en firme que la huelga de basuras de 2014 convocada por los sindicatos de Alcorcón fue abusiva, confirmando así la sentencia en este sentido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Vuelven a desestimar los recursos de suplicación formalizados por los abogados de los representantes sindicales demandados, entre los que figura el ahora portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, por entonces trabajador de Esmasa y secretario del comité de huelga.
El Supremo desestima el recurso presentado por los sindicatos
Una sentencia ante la cual no cabe recurso y donde se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Reclaman dimisiones
En la sentencia, fechada en 13 de septiembre pasado, el Supremo desestima el recurso presentado por los sindicatos presentes en el comité de empresa de Esmasa -integrado por CSIF, CCOO, CGT-, por lo que abre la puerta a la reclamación económica del sobrecoste para las arcas municipales producido por la contratación de Tragsa.
David Perez ha anunciado que se ha abierto un proceso para que Santos "pague los dos millones de euros por los daños económicos causados durante la huelga de basuras", una vez que la sentencia del Supremo, declarando firme el fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha pedido este miércoles la dimisión de Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón, tras un auto del Tribunal Supremo que declara “abusiva” la huelga de basuras de 2014.
Daños
La sentencia habla de las incidencias en los vehículos, y también en las islas ecológicas, así como las 152 intervenciones del Servicio de Bomberos, por incendios de basuras, es obligado concluir que el resultado de todas estas actuaciones es prejudicial tanto para ESMASA como para la ciudad.
Desde el Consistorio estiman que el sobrecoste producido por la contratación de una segunda empresa, unido a los «incendios provocados por la acumulación de residuos y los sabotajes a los propios camiones de recogida», pueden traducirse en un perjuicio económico de unos 500.000 euros para las arcas públicas.