ESMASA resuelve el “caos jurídico” en el que llevaba inmersa “desde 2017”. Así lo avanzan desde el consistorio alfarero poniendo de relieve que la empresa pública ha logrado cerrar “exitosamente” su hoja en el registro mercantil tras resolver “un cúmulo de irregularidades arrastradas por las anteriores direcciones que fechan su origen en el año 2017”. Actualmente, aseguran, ya figuran inscritos correctamente todos los cargos y apoderamientos, así como se han depositado las Cuentas Anuales de la Sociedad de los ejercicios 2017 y 2018.
“El trabajo ha dado sus frutos y a día de hoy podemos decir que la situación jurídica de la empresa por fin se encuentra en orden. El "caos jurídico" al que las anteriores direcciones llevaron a la empresa pública llegó a poner en duda su viabilidad. Nada más llegar en junio, la nueva dirección, el gabinete jurídico y todo el personal de oficina ha trabajado para resolver un verdadero cúmulo de irregularidades arrastradas durante años de negligencia continuada por parte de las anteriores direcciones del PP”, ha destacado el concejal de Servicios a la Ciudad y presidente de ESMASA, Jesús Santos.
Aquellos que presumen de ser grandes gestores han estado a punto de liquidar una empresa pública por no tener los papeles en regla
ESMASA, al límite
El problema, explican, residía en que la hoja del registro mercantil no se encontraba cerrada. “El origen del caos jurídico se remonta al año 2017 al no depositar las cuentas anuales de este año en el Registro Mercantil, hecho que se repitió con las cuentas anuales de 2018”, defienden. A partir de lo que entienden como una “negligencia”, “no se registraron los sucesivos cambios de dirección y de Consejos de Administración formalmente. Así, hasta el momento en que la nueva dirección ha puesto orden, seguía figurando Ignacio Velayos como presidente de la empresa, aun habiendo sido cesado el 22 de noviembre de 2018. En consecuencia, ni los nombramientos de Ana Gómez ni de Susana Mozo como presidentas se encontraban formalizados, situando el conjunto de las decisiones que han tomado hasta la fecha fuera de la ley hasta que la actual dirección las ha regularizado”.
Un hecho que, avanzan, ha generado un “bucle jurídico”, pues la acumulación de irregularidades presentaba dificultades para formalizar los cambios ante el Registro Mercantil, al no existir una correspondencia entre las direcciones reales y las formales. “De esta manera, garantizamos la seguridad jurídica y reparamos el enorme daño que podía haber causado esta situación a todo el municipio. Aquellos que presumen de ser grandes gestores han estado a punto de liquidar una empresa pública por no tener los papeles en regla. Esto no se puede volver a repetir, como hemos demostrado, con esta dirección se harán las cosas bien”, ha sentenciado Jesús Santos.