“Fuera la mafia de la universidad” es el lema que ampara la huelga convocada por siete colectivos estudiantiles pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el próximo 27 de septiembre. Los estudiantes plantan cara al organismo estudiantil con el objetivo de exigir la dimisión del rector Javier Ramos como consecuencia de la crisis institucional que atraviesa la universidad a raíz de las irregularidades del Instituto de Derecho Público (IDP) –vinculado a la universidad-. Asimismo, requieren de una investigación externa a la universidad, una limpieza total de la misma y una regeneración y restructuración de sus órganos de gobierno.
Según recoge El Independiente, mañana día 20 se reunirán todas las asociaciones de estudiantes a partir de las 11:30 horas en el aulario III del campus de Fuenlabrada para desarrollar los puntos clave de la huelga -si se convocará una manifestación, cómo y dónde- con la que pretenden dejar constancia del “esfuerzo” que realizan ellos y sus familias para obtener sus títulos y transmitir a la opinión pública que es “injusto” el estigma y el daño reputacional causado ya que “la mayoría trabajamos con honestidad y no nos regalan nada”.
Escándalo tras escándalo
En los últimos dos años, la URJC ha tenido que enfrentarse a una demoledora crisis institucional cuyo germen fue el escándalo mediático del ex rector Fernando Suárez Bilbao, acusado por múltiples plagios a más de una veintena de autores e imputado por un delito de amenazas. No obstante, Suárez no llegó a dimitir, sino que no se presentó a los comicios anticipados en los que ganaría, por poco –con un 58%-, su predecesor Javier Ramos el pasado año 2017. Mientras la polémica salpicaba inevitablemente a la institución, la universidad, de la mano de una Comunidad de Madrid presidida por Cifuentes, miraba para otro lado, más concretamente hacia su propio ombligo.
Sin embargo, esto no supuso un punto y final, sino la continuación de una historia de terror y agonía interminable. Así, después llegó el escándalo del caso máster de Cifuentes, que la “obligó” a dimitir como presidenta regional y centró el foco de la atención mediática en el IDP. El caso máster del líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y la polémica del título de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la URJC -vinculado al IDP- de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Fue Fernando Suárez Bilbao junto a su antecesor Pedro González-Trevijano quienes conformaron el Instituto de Derecho Público (IDP), una parte de la universidad que gozaba de autonomía de acción y no rendía cuentas. El primero está actualmente imputado por las irregularidades en el IDP que dirigía Enrique Álvarez Conde y en el que cursaron sus másteres Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Memes sobre la URJC/ Twitter.
La universidad, tras una crisis de dos años, está siendo maltratada por lo sucedido en un caso de manzanas podridas donde rigen las corruptelas y el clientelismo estructural
La comunidad universitaria reacciona
Además de las peticiones de los colectivos de estudiantes, que se materializarán en la huelga del día 27, algunos alumnos reconocen estar hartos ante las continuas bromas y descalificativos por parte de la opinión pública a través de las redes sociales. Alba, una alumna de Periodismo, afirma que apoya la huelga porque se siente “cansada de ver los memes y la ridiculización que se está haciendo de nuestros títulos”. Defienden que hay un estigma a la hora de hablar sobre su universidad y temen que ello les afecte a la hora de buscar empleo. “Tengo una amiga que fue a buscar trabajo y la echaron para atrás cuando vieron que era de la URJC”, relata otra estudiante.
El sector crítico del claustro de la URJC, único órgano que puede interponer una moción de censura al rector, considera que estamos ante un caso de “manzanas podridas donde rigen las corruptelas y el clientelismo estructural”. Lamentan que las acciones que ha llevado a cabo Ramos llegan “tarde” y sólo tienen la intención de “alejar a los medios de comunicación”; es decir, de calmar los ánimos, pero que detrás “no hay una verdadera intención de revertir la situación”.
La catedrática de Comunicación Audiovisual, Carmen Caffarel Serra, relata que un grupo de profesores está planteándose la posibilidad de presentar una “demanda por daños reputacionales” con la idea de, al menos, pedir responsabilidades. Caffarel apoya la huelga de estudiantes; no obstante estima que se debería ir más allá y exigir “responsabilidades penales y reputacionales contra las personas físicas que nos han llevado a esto”. Apunta, así, a los dos rectores precedentes, a Álvarez Conde y toda la estructura alrededor de una institución que ahora tiene su reputación por los suelos.
Marcos, estudiante de cuarto curso de Periodismo, apoya la huelga y lamenta que la universidad esté siendo “maltratada por lo sucedido en un instituto mafioso prácticamente concertado que actuaba y se financiaba independientemente” de la URJC cuando “el 99% de los alumnos conseguimos sacarnos nuestras carreras por nuestro propio mérito y esfuerzo”. También culpa al rector “por no haber gestionado la situación correctamente y por ello pienso que debería haber dimitido hace ya meses”.
Erradicar el estigma
Tras unos acontecimientos sellados por el súmmum de la controversia, el descaro y la aflicción de los estudiantes en particular, y la ciudadanía en general, es necesario llegar a un punto que termine con el desasosiego de la comunidad universitaria, quienes, por desgracia, sufren las repercusiones de acciones que no respaldan.
Los propios empleados de la universidad han manifestado que lo que quieren es “que se nos deje de señalar como a los malos de la película. Los malos son unos cuantos que tienen nombre y apellido. Queremos que los alumnos puedan decir que estudian en la URJC sin que eso sea un estigma, sin que nadie ponga en duda los métodos de evaluación de los profesores. No somos unos chanchulleros”.
Estos trabajadores critican a la universidad por actuar “de manera torpe” durante el escándalo de Cristina Cifuentes, cuya polémica estuvo semanas en los medios mientras la ya ex presidenta madrileña resistió el asedio. “Luego se limitaron a informar a la Justicia, es lo que tenían que hacer, pero la torpeza comunicativa previa ha definido todo lo que vino después”, lamentan.
Los estudiantes han hablado. Los docentes se han posicionado. ¿Qué harán quienes atesoran el poder?