La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ha mantenido un encuentro con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en el que ha puesto las cartas sobre la mesa en aquellas cuestiones referidas a los males de Alcorcón. En el eje central de la reunión, la seguridad, la proliferación de los locales de juego y casas de apuestas y la okupación a la que debe hacer frente el municipio. “Hemos mostrado nuestra preocupación al consejero por las dificultades que sufren los vecinos de nuestra ciudad, al igual que de otros municipios colindantes, en relación al Registro Civil; así como la seguridad en el entorno de la calle Praga, que requiere una actuación importante debido a la okupación de dos edificios completos propiedad de Sareb”, ha señalado la líder del Ejecutivo local. En este sentido, ha subrayado que “recibimos continuamente numerosas quejas de los vecinos por lo que hemos comunicado nuestra preocupación al respecto y la necesidad de buscar soluciones”, ha aseverado.
Se procederá a endurecer el régimen sancionador a los gestores de estos locales con multas de hasta 600.000 euros si se detecta a un menor
Coto al juego
“Desde el ayuntamiento tenemos la firme intención de regular, dentro del ámbito competencial de la institución, este problema con el fin de limitar la aprobación de licencias bajo unos parámetros enmarcados en el Plan General”, afirmaba la regidora tajante en relación a la proliferación de casas de apuestas y locales de juego. Al respecto, ha señalado que el consejero les ha tranquilizado "mucho" con las iniciativas que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid en este ámbito dentro de su competencia en juego presencial. Así, López ha confesado a la alcaldesa la aprobación de un decreto de paralización de licencias con efectos retroactivos desde el pasado 29 de noviembre “en breve” y que se está elaborando un Decreto de Planificación para el desarrollo de esa actividad.
En ese sentido ha avanzado que se procederá a endurecer el régimen sancionador a los gestores de estos locales con multas de hasta 600.000 euros si se detecta a un menor y un incremento de sanción respecto a la entrada de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.