El grupo municipal VOX, liderado en la localidad por Pedro Moreno, ha llevado a pleno una moción para solicitar la aprobación de un Código Ético de Conducta, con el fin de contemplar la salida del Consistorio de todos aquellos concejales, cargos públicos o personal eventual que se vean inmersos en un procedimiento judicial.
Entre los seis supuestos establecidos figura el hecho de que “cualquier concejal o cargo de confianza presente su dimisión o sea cesado de manera inmediata ante sentencias condenatorias -sean firmes o no- o si tiene o si se le conoce antecedentes penales”. Moreno ha visitado los estudios de Televisión Digital de Madrid para explicarnos la motivación que los ha llevado hasta tal planteamiento, si bien éste no ha prosperado en el seno de la Corporación Municipal, ya que sólo ha contado con el apoyo del Partido Popular (Ciudadanos se abstenía, mientras que tanto PSOE como Ganar Alcorcón se oponían a la propuesta).
“Nosotros lo que queremos es que cuando una persona ejerce la política tenga, además de la responsabilidad propia a nivel judicial, también una responsabilidad política, porque creemos que los políticos deben ser ciudadanos ejemplares en todos los aspectos, más aún cuando están gestionando dinero que no es suyo, es de todos los vecinos”. Estas bases de buena conducta, asegura el portavoz de VOX en Alcorcón, son “muy semejantes a las que existen en más de un centenar de municipios de toda España”, encaminadas y dirigidas a evitar la continuidad de presuntos comportamientos delictivos mientras se ejerce la función relativa a un cargo público, “ya que vemos como a muchos concejales les da igual lo que se haga, les da lo mismo que alguien sea un delincuente o que esté condenado, para que por lo menos tengan una guía moral, un compromiso con los vecinos, que son los que nos pagan y a quienes nos debemos”.
Todo ello viene motivado, entre otros aspectos, por la situación actual que se está viviendo en la ciudad, después de conocerse la noticia de que la alcaldesa de la ciudad, Natalia De Andrés, era condenada -si bien el fallo es aún recurrible- a cinco años de inhabilitación para gestionar bienes y caudales públicos, tras la insolvencia de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA). La regidora se negó a dejar su cargo, alegando que la sentencia “hace referencia al ámbito mercantil, y por tanto no afecta a sus funciones como primera edil ni al normal funcionamiento del Ayuntamiento”.
A este respecto, el edil sostiene que “la alcaldesa debe desconocer los estatutos de las empresas públicas de Alcorcón, como ESMASA o el IMEPE, que se basan en que el máximo responsable es el alcalde o alcaldesa, y no entiendo cómo puede presentar un presupuesto de 83 millones de euros una persona inhabilitada para gestionar el dinero público y privado”.
No vamos a tragar ni a aceptar una política basura que nos lleva al aislamiento.
En este sentido, Moreno ha señalado que, “aunque posteriormente apele la sentencia, que es durísima, si quiere recurrir que lo haga fuera del Ayuntamiento, sin utilizar el nombre ni un solo céntimo de los vecinos de Alcorcón” y ha añadido que los hechos probados “no son recurribles, y demuestran que Natalia De Andrés arruinó una empresa pública”. Del mismo modo, ha hecho énfasis en que la regidora “acumula varias condenas, una de ellas por injurias contra el que entonces era portavoz de la oposición; en 2019 fue condenada por un ataque contra el derecho al honor a dos de los empresarios más importantes de Alcorcón, y en política no vale todo”.
Por otra parte, el líder de la formación en la ciudad también se ha dirigido a Ganar Alcorcón, al afirmar que “son los que venían a regenerar la política, diciendo que cuando alguien estuviera imputado tenía que dimitir, pero ahora apoyan y sostienen el Gobierno municipal, con corruptos en sus filas” y al Partido Popular, responsabilizándolos de “una alternancia sin alternativa, en la que Alcorcón lleva 40 años totalmente abandonado por unos y otros, que utilizan la ciudad para sus beneficios partidistas, y eso no beneficia a la localidad, ni al Ayuntamiento, ni mucho menos a los vecinos”.
Desde VOX aseguraban que estas directrices tenían como objetivo que Alcorcón “no se convirtiera en el vertedero de condenados e imputados”, puesto que “el actual portavoz de Podemos y dos de los actuales cargos de confianza también están condenados” -los puntos incluidos en la moción de VOX pedían la renuncia del personal eventual en caso de existir sentencias en su contra. “No vamos a tragar ni a aceptar una política basura que nos lleva al aislamiento. Alcorcón, estando en una buena situación geográfica y posición estratégica, se ha convertido en un estercolero que los vecinos no se merecen”. El partido anuncia que “seguirá pidiendo la dimisión de la alcaldesa constantemente”, y mantiene su negativa a asistir a muchos actos públicos.