El PSOE ha comunicado que "por primera vez en la historia de nuestra ciudad, una concejala del Ayuntamiento de Alcorcón se ha sentado en el banquillo en un Juicio Oral acusada de un delito penal en el ejercicio de su cargo por la firma que puso fin al CREAA por un valor de 34 millones de euros".
La que fuera segunda teniente de alcalde y concejala del PP con David Pérez y la actual coordinadora de campaña del actual candidato del PP a la alcaldía ha acudido hoy y ayer a los juzgados con motivo del Juicio Oral contra su persona por la presunta comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, tal y como ha solicitado la Fiscalía, quien también pide años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Los motivos de este juicio oral y que han sido ratificados por la Fiscalía se centran en la firma, realizada de forma unipersonal y con una cláusula de confidencialidad, por la concejala del PP y consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón del contrato de liquidación de las obras del CREAA por 34 millones de euros, una cifra "muy superior a la permitida para su cargo hasta 90.000 euros".
Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, una concejala del Ayuntamiento de Alcorcón se ha sentado en el banquillo en un Juicio Oral acusada de un delito penal
"Esta firma daba por finalizado el contrato con una unión temporal de empresas, formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, encargada entonces de la finalización del CREAA, por millones de euros" indica el partido. No obstante, "esta resolución del contrato carecía de informes técnicos preceptivos ni certificaciones de obra o acopios, según se ha determinado". Este contrato fue firmado el 9 de marzo de 2012, durante el Gobierno del actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, tan solo nueve días después, el 28 de febrero de 2012, de que la propia Mozo presentara la solicitud en el Juzgado de lo Mercantil del concurso voluntario de acreedores de Emgiasa que motivó la liquidación de la empresa pública.
La alcaldesa y Secretaria General de PSOE Alcorcón, Natalia de Andrés, que entonces encabezaba la oposición, interpuso en marzo de 2019 la querella contra la concejala del PP Susana Mozo. Posteriormente, el ayuntamiento de Alcorcón "se personó en la causa con el fin de defender el patrimonio municipal". Por este motivo, De Andrés ha acudido tanto ayer como hoy a la Audiencia Provincial de Madrid a declarar en calidad de acusación particular.
Durante el juicio, la Fiscalía ha ratificado que, a su juicio, el contrato se firmó por parte de Susana Mozo, sin ningún tipo de poder para ello lo que conllevó un serio perjuicio para la ciudad de Alcorcón.