La facilidad de acceso a la información es uno de los principios fundamentales para facilitar la transparencia de los datos. Estas características son ahora aún más importantes si cabe debido a la situación de pandemia por la que atraviesa el país.
El Ayuntamiento de Aranjuez ya ha comenzado a trabajar para hacer realidad la adhesión al registro de transparencia de la Comunidad de Madrid. En este registro se pueden inscribir todas las entidades que quieran realizar aportaciones y participar, de forma directa o indirectamente, en las políticas públicas de la Administración regional.
Esta propuesta ha sido aprobada por parte de la casa consistorial por unanimidad y con el refrendo de la Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Transparencia, Nerea Gómez Barrasa, quien ha asegurado que “desde el Equipo de Gobierno avanzamos en las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana porque es nuestro compromiso para con nuestros vecinos”.
“Desde la Institución municipal se están haciendo grandes esfuerzos para proceder a la actualización de la información, así como dar cumplimiento a la actual Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado Nerea Gómez.
Trabajan para lograr un gran desarrollo social y económico
Nerea Gómez Barrasa ha indicado que “la transparencia en la gestión es una obligación de cualquier gobernante y se revela como uno de los principios esenciales para que nuestras instituciones y administraciones sean consideradas por los ciudadanos como propias, cercanas y abiertas a las demandas de los mismos”.
La Ley de Transparencia y Participación incluye dentro de su ámbito de aplicación a las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran, los Ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas, entre otros sujetos obligados.
El registro es de carácter obligatorio, público y gratuito para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación, y su funcionamiento debe respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.
“La transparencia es inherente al servicio público, porque es un derecho de los ciudadanos y no una condición accesoria de la que se pueda prescindir en función del coste necesario para ello, de los recursos que se tengan y, mucho menos, de la voluntad o el criterio de eficiencia en la gestión pública de quien ostenta la responsabilidad de ello”, ha concluido la Delegada de Transparencia.