Enrique Ossorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencia, y portavoz de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado durante la jornada acerca de los últimos acontecimientos acaecidos en los municipios de Alcorcón y Arroyomolinos, al Suroeste de la región, donde han tenido lugar acciones judiciales que afectan a las alcaldesas de ambos Ayuntamientos.
En el caso de Alcorcón, su regidora, Natalia de Andrés, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación en el ámbito mercantil como responsable de la quiebra de la Empresa Municipal de Vivienda, en calidad de administradora y afectada por la calificación, y bajo una sentencia, contra la que aún cabe recurso de apelación, que también considera culpables, por el momento, a otros miembros del Consejo de Administración. La primera edil descarta su dimisión, al considerar la Asesoría Jurídica Municipal "que no afecta a sus funciones como alcaldesa-presidenta ni al normal funcionamiento del Ayuntamiento". Por otro lado, conocíamos la noticia de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil procedía a registrar el despacho de la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, en el marco de una investigación dirigida a solicitar unos contratos supuestamente irregulares y documentación de empresas que trabajaron para los Servicios Municipales, que se realizaron en una etapa anterior, cuando era concejal en el Consistorio. En este último caso, desde la Casa Consistorial han rehusado hacer declaraciones por el momento.
Ante estos hechos, y preguntado por los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, Ossorio ha declarado que "es aberrante" comparar un caso con otro. En este sentido, ha explicado que la alcaldesa de Arroyomolinos "alquiló a precio de mercado un piso en el año 2006 a una empresa que tuvo actividad previa y posterior con el Ayuntamiento, mucho antes de saber que algún día sería alcaldesa -han pasado 16 años-, y ni está investigada, ni imputada".
Natalia de Andrés, primera edil de Alcorcón (PSOE), ha sido condenada a cinco años de inhabilitación en el ámbito mercantil como responsable de la quiebra de la Empresa Municipal de Vivienda, mientras que la Guardia Civil ha registrado el despacho de Ana Millán, regidora de Arroyomolinos (PP), por presunta corrupción.
Por el contrario, ha señalado que "en cuanto a la alcaldesa de Alcorcón nos encontramos con la condena de un Tribunal que la inhabilita durante cinco años para que no pueda administrar caudales públicos o privados, pero sigue gestionando el dinero de los impuestos de 176.000 habitantes, y se mantiene en su puesto, diciendo que ella no va a dimitir salga la sentencia que salga". Ossorio ha calificado como "tremendo" el hecho de que "el Consejo de Administración se inventara los dividendos para poder construir el CREAA".
El portavoz del Ejecutivo regional ha añadido que "no se puede considerar de igual manera una sentencia y una investigación policial" y ha apuntado que la postura de la Comunidad de Madrid es respetar "que la Policía y la Justicia investiguen lo necesario".