La regidora de Arroyomolinos, Ana Millán, ha sido finalmente citada para declarar en calidad de investigada por su supuesta relación con contratos de carácter presuntamente irregular en la época en la que era concejal en el Consistorio, durante la anterior legislatura. En un auto del 9 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero requiere a la alcaldesa el próximo 22 de abril por la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Del mismo modo, también ha sido llamado a declarar el empresario Francisco Roselló. Ambos comparecerán a las 11.00 horas, y se ha acordado levantar el secreto sobre las actuaciones.
Estos hechos tienen lugar después de que, durante el pasado mes de enero, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaran un registro en el despacho de la ahora primera edil. Ya en dependencias municipales, requirieron la presentación de diversos contratos y otra documentación de empresas que habían estado trabajando para el Ayuntamiento desde hace más de diez años. En el marco de las diligencias practicadas por orden judicial, los agentes también llevaron a cabo otro registro en una empresa de servicios.
Fuentes municipales declararon en su día que desde el Ejecutivo local "se está colaborando en todo momento". Ahora, remarcan el hecho de que este caso "no está incluido en la Púnica, y prueba de ello es que no lo investiga la Audiencia Nacional si no el Juzgado de Navalcarnero".
La denuncia, interpuesta por el anterior alcalde, Carlos Ruipérez (del partido Ciudadanos), expone un posible caso de presunta corrupción sobre los contratos del Ayuntamiento con la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta Valbuena, con contrataciones que se desarrollaron desde 2004, salvo el periodo de 2009 a 2013, cuando fueron otras empresas (especialmente Neverland) las beneficiarias de las presuntas adjudicaciones irregulares.
Según el auto, al que ha tenido acceso Soy-de, "los hechos que de forma expresa se refieren a WAITER MUSIC, S.L. derivan de toda una serie de adjudicaciones directas, aparentemente a través de la figura del contrato menor de servicios". Se hace especial referencia en el escrito a una serie de "reuniones directas y comidas entre la que fuera concejala responsable, Ana Millán y el futuro adjudicatario, J. L. Huertas Valbuena, que hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa".
Los hechos que de forma expresa se refieren a WAITER MUSIC, S.L. derivan de toda una serie de adjudicaciones directas, aparentemente a través de la figura del contrato menor de servicios.
Sin embargo, en lo relativo a Waiter Music, el juez apunta a que "nos encontraríamos ante la prescripción de la posible responsabilidad penal, si consideramos que la primera adjudicación fue para la celebración de las fiestas de nochevieja de 2004 y reyes de 2005, y la última fue en relación al expediente 13/2008". Así las cosas, "no resulta posible inferir la existencia de indicios delictivos en los años 2009 en adelante, pues las contrataciones a las que se presentó WAITER MUSIC, S.L. en el año 2009 bien se declararon desiertas, bien fueron adjudicados a otras empresas".
Por otro lado, en lo que se refiere a los contratos con la empresa Neverland, el juez establece que "si ofrecen indicios de posible delito que no se encontraría prescrito, estos no guardan relación con la presente pieza, por lo que procedería la inhibición al juzgado de instrucción competente".