“Nuestros niños en Arroyomolinos, haciendo deporte, y, de fondo, unas bonitas torres de alta tensión”. Ese es solo uno de los tweets que se pueden leer, acompañados de sus correspondientes fotografías, en @vive_arroyo, la cuenta oficial del movimiento vecinal homónimo que ha cogido fuerzas en el municipio con un claro y marcado objetivo: librarse de las ‘bonitas’ torres de alta tensión y los cables que atraviesan el cielo de Arroyomolinos.
La plataforma, liderada por Amelia Noguera, vecina de la ciudad desde hace dos décadas, pretende buscar una solución a través del diálogo. De hecho, asegura, en una de sus publicaciones, haberse ya reunido “con algún concejal” y tener pendiente “alguna otra reunión”. Entre esos encuentros, y el más esperado, con la primera edil de la ciudad, la popular Ana Millán.
La alcaldesa de Arroyomolinos ya ha comunicado que solicitará una reunión con la plataforma ‘Vive Arroyo’. Según indican fuentes municipales, Millán “les informará detalladamente de todo”, y garantizan que resolver el asunto “es propósito firme del actual Gobierno municipal”.
La cuenta de Twitter @Vive_Arroyo comparte numerosas fotografías ilustrativas de la grave situación. Imagen: Twitter
En lucha, desde 2005
Arroyomolinos convive con las torres desde hace más de veinte años. De hecho, en el año 2005 la ciudad suscribió un convenio con los otros dos ayuntamientos afectados por el mismo problema, el de Moraleja de Enmedio y el de Móstoles, y la Red Eléctrica de España (REDESA) para “modificar el trazado de las líneas de alta tensión de 400 KV” que atraviesan los mencionados municipios.
Dicho acuerdo contemplaba pagar a REDESA 1.126.000 euros, en el caso de Moraleja; 550.000, en el caso de Móstoles; y 3.550.000, en el caso de Arroyomolinos. Un primer pago del desvío, hasta un cómputo final de 8,5 millones de euros, aproximadamente. No se llegó a ejecutar ni un solo euro al respecto.
En el año 2005, la ciudad ya suscribió un convenio con REDESA para la retirada de las torres de alta tensión que atraviesan el municipio
Años más tarde, en 2017, Carlos Ruipérez (ex alcalde de Arroyomolinos hasta 2018, cuando abandonó el cargo por su implicación en la ‘Operación Enredadera’ y fue sustituido por Andrés Martínez Blanes, manteniéndose la alcaldía en manos de Ciudadanos) intentó renovar ese convenio e impulsar el acuerdo alcanzado 12 años atrás. En ese momento, el equipo de Gobierno se marcaba el final de la legislatura como ‘límite’ para obtener una respuesta al respecto. La legislatura terminó, y el problema persistía.
Ahora, recoge el testigo la actual alcaldesa Ana Millán, del Partido Popular, que insiste en ser plenamente consciente de la urgencia de una solución. “Es un tema que está entre mis máximas prioridades”, asegura.
Por el momento, se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo la reunión entre vecinos y Millán.