El municipio continúa su pugna por el estado de contaminación en el paso del Guadarrama. Del mismo modo, achacan evidencias de desprotección y abandono de la zona, prácticamente convertida en un vertedero de residuos y deshechos.
Víctor Manuel López Rodríguez, alcalde de Batres, ha puesto un gran empeño en denunciar las “pésimas condiciones” en las que se encuentra el río y los terrenos colindantes. La acumulación de vertidos, la mala depuración de la zona e, incluso, unos supuestos asentamientos ilegales han traído un malestar general dentro de la localidad.
La alcaldía ha recurrido ante la Fiscalía General de Medio Ambiente, mediante una denuncia al Ministerio de Transición Ecológica, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y otras entidades por un supuesto incumplimiento de la normativa hacia la protección del río y sus terrenos.
Así mismo, el municipio madrileño responsabiliza las condiciones actuales del río a la ineficaz depuración de las aguas residuales de la zona, detectando sustancias altamente dañinas y contaminantes como el mercurio en los exámenes hidrográficos.
Una auténtica cloaca con aguas contaminadas
Víctor Manuel ha decretado “la ausencia de instituciones y organismos públicos como varios ayuntamientos, así como las de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ponen nuevamente de manifiesto la falta de preocupación y de coordinación institucional para solventar un problema con graves consecuencias para la salubridad pública, la seguridad ciudadana y la calidad medioambiental de un río ubicado en un entorno altamente protegido, como lo es Parque Regional del Curso del Río Guadarrama”.
Según expone nuevamente el alcalde, “lo que está pasando con el Río Guadarrama no es más ni menos que la permanente comisión de delitos medioambientales en Madrid. La omisión de las obligaciones de la Comunidad y la CHT respecto a la protección y recuperación del río y su entorno; y un grave problema de salubridad debido a la creciente existencia de asentamientos ilegales con más de 450 infraviviendas donde viven familias con menores, ubicadas en una auténtica cloaca con aguas contaminadas y un altísimo riesgo de crecidas por posibles lluvias torrenciales”.